El referéndum bastardeó el sistema político

 

A medida que se disipen las humaredas que se levantaron con el referéndum nos percataremos, poco a poco, de que los resultados de esa “consulta al pueblo” han terminado bastardeando el sistema político. A tal punto que un nuevo Congreso deberá conformar una comisión revisora de todas las barbaridades que lideraron el presidente Vizcarra y una amplia coalición de medios tradicionales, encuestadoras y sectores del establishment de las últimas dos décadas.

Si no se avanza en ese camino todos los activos institucionales conseguidos en cuatro gobiernos democráticos sucesivos se irán, como se dice, por la borda. Y la Carta Política, bajo cuya sombra y amparo se produce la mayor continuidad democrática republicana de nuestra historia. quedará herida de muerte. Si el tema no forma parte de la campaña electoral del 2021 casi estamos seguros de que ya es parte de la reflexión de los partidos y las élites democráticas.

Haber aprobado la no reelección de congresistas —cancelando una de las principales razones de ser de las relaciones entre militantes, líderes y partidos políticos— es un simple acto de barbarie constitucional que solo se puede explicar por las pasiones que se alentaron. Esa reforma es como una estaca clavada en el corazón de cualquier sistema democrático. Si los políticos no forman parte de un proyecto de vida —es decir, desarrollan una carrera política—, ¿qué incentivos pueden existir para formar partidos y desarrollar trayectorias transparentes y discretas? La tendencia a la entropía que hoy contemplamos en todas las bancadas del Legislativo es el resultado directo de esta barbarie institucional.

Pero no solo se trata del asunto de la no reelección congresal. La estatización de las campañas electorales es otra amenaza a la construcción de una sociedad abierta. Los resultados del referéndum establecen que los partidos no pueden contratar publicidad privada en radio y televisión. Ahora el Estado financiará a través de la franja.

Al respecto, una digresión ideológica: las repúblicas y las sociedades abiertas existen porque el sector privado financia el sistema político. En Estados Unidos y el Reino Unido la sociedad abierta fue posible desde el momento en que una poderosa burguesía (en vez de los fondos de la Corona) se convirtió en la principal fuente de financiamiento de la política. El Estado y el monarca perdieron todo el poder.

Después de la caída del Muro de Berlín, las corrientes marxistas desarrollaron intensas campañas para cancelar el aporte del sector privado en las sociedades abiertas. El objetivo: convertir al Estado en la “fuente de las libertades” y el financiamiento electoral. Lograron importantes victorias en Europa y América Latina, pero no en Estados Unidos ni en Reino Unido. De allí la supremacía de las libertades en las democracias anglosajonas a ambos lados del Atlántico.

En el Perú las ONG marxistas —encabezadas por Transparencia, IDL y Proética—, de una u otra manera, lograron pasar esta reforma en el referéndum excluyendo parcialmente al sector privado de las campañas electorales. El politólogo Fernando Tuesta, quien encabeza la llamada comisión de Notables del Ejecutivo, señala lo siguiente: “Y es que aquí como en todas partes el financiamiento privado –salvo el que se produce al interior del partido, como las contribuciones de sus miembros o gestión de su patrimonio– ha tenido un efecto pernicioso en el sistema, permitiendo que los partidos políticos representen los intereses privados o particulares de quienes contribuyen a su sostenimiento. Nadie financia una campaña sin esperar una retribución posterior”.

Tuesta no puede esconder su identidad ideológica marxista. De lo contrario, reconocería que la república más grande de la historia basa su sistema político y la persistencia de la libertad en el financiamiento privado. Únicamente la matriz marxista de pensamiento puede señalar que “los partidos políticos representen intereses privados”. La frase es de antología. ¿Qué intereses no son privados? Incluso cuando surgen los caudillos populistas que hablan en nombre de los pobres, las mayorías y las naciones, siempre defienden intereses privados. ¿O no?

Por allí no está el problema. El problema es qué mecanismos institucionales y de transparencia se crean para saber qué intereses son más convenientes para la sociedad. Finalmente, por falta de transparencia Odebrecht corrompió la política peruana. Aprendamos de la república estadounidense y no de las recetas marxistas.