El progresismo bloqueó la política peruana

Una de las cosas que llama en extremo la atención es la falta de oposición de las bancadas democráticas del Congreso al proceso de nacionalización de la política petrolera a través de los rescates financieros de Petroperú y la adjudicación directa a la petrolera estatal de los lotes con contratos de concesión vencidos.

Las bancadas democráticas del Congreso –que detuvieron el golpe de Pedro Castillo, que aprobaron una ley de confianza que evitaba los cierres inconstitucionales del Congreso, que eligieron a un nuevo Tribunal Constitucional– hoy se hacen de la vista gorda frente a la posibilidad de que el Ejecutivo apruebe un reflotamiento de Petroperú de más de US$ 2,000 millones, una astronómica cantidad que se sumaría a los US$ 2,500 millones aportados a la petrolera estatal en el 2022.

¿Qué, pues, está pasando con las bancadas de la centro derecha? Todo  indica que las conductas de las izquierdas y derechas parlamentarias tienen que ver con las alianzas que desarrollan para enfrentar al progresismo nacional e internacional. Quizá el parteaguas de estos procesos, que revela que hay un antes y un después en estas alianzas, es la firmeza del Estado y del Gobierno con respecto al indulto humanitario otorgado al expresidente Fujimori.

La decisión del gobierno de Dina Boluarte de respaldar la vigencia del Estado de derecho en el Perú, la constitucionalidad del indulto otorgado por un jefe de Estado constitucional, y la decisión del Tribunal Constitucional –que ratificó un hábeas corpus a favor de Fujimori y ordenó la liberación del exmandatario– en abierta confrontación con la Corte IDH y el progresismo mundial, deben haber dejado estupefactos a la mayoría de observadores internacionales.

Un gobierno de izquierda constitucional rompía el yugo del progresismo internacional y comenzaba a cortar de raíz la brutal judicialización del sistema político peruano, un proceso único en el planeta que merece ser estudiado y analizado. Fujimori está en libertad y la judicialización de la política comienza a retirarse.

Más de una información y diversas versiones señalan que detrás de la decisión del gobierno de Boluarte existe una sólida alianza entre el Ejecutivo, el Gabinete Otárola, y Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Avanza País. Si detrás de la judicialización de la política está el progresismo nacional e internacional, entonces la alianza aparece como una necesidad para estos eventuales aliados.

Las mismas informaciones señalan que la retribución ante la conducta del Estado frente a la Corte IDH sería el silencio y la falta de oposición ante la estatización de la política petrolera de parte del Ejecutivo. Incluso a sabiendas que el titular de Energía, Óscar Vera, se ha convertido en una especie de enlace con la bancada de Perú Libre y 44 parlamentarios de la izquierda nacional. ¿Petroperú la clientela del antisistema?

Vistas las cosas, así este tipo de alianzas, que a algunos evoca los pactos entre Churchill y Stalin en la Segunda Guerra Mundial, pactos que nacían de la necesidad de enfrentar un enemigo mayor, son el resultado directo de la intolerancia del progresismo en el Perú. Si la judicialización de la política persiste es probable que estos pactos continúen. 

El gran problema es que este escenario de alianzas, de alguna manera, bloquea a toda la sociedad, a todos los actores. Por ejemplo, el Ejecutivo no puede relanzar el crecimiento por las terribles señales que representan la nacionalización de la política petrolera. Y las bancadas de la centro derecha tendrán que verse con un escenario de recesión o bajo crecimiento y aumento de pobreza en el 2026, muy favorable a las estrategias de las fuerzas antisistema.