El Perú real y el Perú de Vizcarra

El presidente Vizcarra sigue surfeando sobre una enorme ola de popularidad. Es la popularidad que nace del desenlace de la guerra Ejecutivo-Legislativo que desataron Keiko Fujimori y Fuerza Popular —luego de las elecciones nacionales del 2016— y que Vizcarra utilizó a su favor para organizar un blitzkrieg institucional. Allí están el referéndum, la desorganización del fuerzapopularismo y la construcción de una mayoría propia en el Legislativo, y el control de la Fiscalía de la Nación como expresión de la ofensiva vizcarrista. Y allí está la alta popularidad que las encuestadoras suelen registrar para ir creando coyunturas favorables a la ofensiva institucional que comentamos.

Todos estos hechos han llevado a muchos a sostener que Vizcarra posiblemente se haya convertido en el jefe de Estado más fuerte de los últimos 20 años, e incluso se han desarrollado comparaciones entre el mandatario actual y el Alberto Fujimori de los noventa. Pero, ¡oh sorpresa! Cuando se producían estas reflexiones, luego de un mes de haber asumido la gestión, diversos gobernadores regionales desafiaron abiertamente al Gobierno central, al Estado unitario, la Constitución y las leyes. Algo así no se había producido en las últimas dos décadas de continuidad democrática. Más allá del 60% de aprobación registrada en las encuestas, Vizcarra empezaba a aparecer como el mandatario más débil de los últimos cuatro gobiernos.

No es una elucubración en el aire. Los gobernadores de Puno, Walter Aduviri, y de Moquegua, Zenón Cuevas, desarrollaron negociaciones propias con el presidente Bolivia, Evo Morales, para comprar balones de gas subsidiado. El Gobierno de Vizcarra se allanó a la negociación y “refrendó” el acuerdo. El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, se opuso a Tía María y Vizcarra dijo que lo iba conversar con él. El propio Cáceres se opone a ampliar la inversión de Majes Siguas II y no quiere agricultores con más de cinco hectáreas. El gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, anuncia que su región tendrá currículo propio, al margen del sector educación. Un mes después de asumir la administración, los gobernadores se plantan ante el Estado unitario. ¡Dios mío! ¿Qué sucederá de aquí al 2021?

¿Cómo explicar la crisis de autoridad del Estado, no obstante la alta popularidad de Vizcarra? La respuesta parece estar en los predios de la ciencia política. La autoridad del Estado unitario en democracia, según las tradiciones republicanas, reposa en la representación de la soberanía en el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, esa representación en el Perú ha volado por los aires por la guerra Ejecutivo-Legislativo que inició Keiko y profundizó Vizcarra.

La guerra institucional parece haber debilitado en las regiones cualquier idea de Estado unitario, cualquier principio de autoridad nacional. Y como los gobernadores son claramente colectivistas y buscan convocar una asamblea constituyente para redactar una Carta anticapitalista, entonces aparecen estas iniciativas de gobierno claramente anticonstitucionales.

Si la autoridad de la Constitución ha sido herida de gravedad con el referéndum, que ha bastardeado el sistema político por la urgencia coyuntural de sancionar políticamente al Legislativo, ¿cómo así Vizcarra puede emplazar a los gobernadores a cumplir la Constitución? Es casi seguro que ellos exigirían otro referéndum. ¿O no?

En cualquier caso, hasta antes del referéndum se solía hablar de un Perú formal y otro informal. En esta definición, si bien la mala ley era la causa de la extralegalidad galopante, nunca se llegó a cuestionar la existencia de un Estado unitario. La extraña coyuntura política ha convertido todo lo público y político en extremadamente volátil. Quizá, pues, es el nuevo Perú de Vizcarra, “la república de la popularidad”, sin gobierno y sin reformas.