El choque es inevitable

Después del audio de Arequipa —en que el presidente Vizcarra coordina la suspensión de la licencia de construcción del proyecto Tía María con el extremismo radical en abierta violación de la Constitución, las leyes y los contratos suscritos por el Estado— las voces que solicitan la renuncia del jefe de Estado se han multiplicado al infinito. No solo por la renuncia a ejercer la autoridad presidencial ante el extremismo comunista, sino porque su propuesta de adelantar las elecciones—y acortar su propio mandato— lo convierte en un mandatario sin autoridad. Y si el máximo magistrado del Estado carece de autoridad, entonces no habrá inversiones y los extremismos percibirán que el camino está despejado para ejercer violencia en contra de las iniciativas privadas.

¿Qué puede suceder en este escenario? La posibilidad de que una mayoría en el Congreso exija la renuncia del presidente Vizcarra aparece como una posibilidad remota. Ni Acción Popular ni Alianza para el Progreso apoyarían una propuesta de este tipo, un apoyo decisivo para alcanzar los 87 votos requeridos. Sin embargo, todo indica que luego del exabrupto inaceptable del jefe de Estado en Arequipa, es incuestionable que el proyecto de adelantar las elecciones generales será rechazado al término de la distancia en el Congreso.

Si le sumamos el hecho de que la Sala Suprema ha postergado la decisión de liberar a Keiko Fujimori de la prisión preventiva, a través de una votación extraña, ¿cómo así el fujimorismo aceptaría la fórmula de un adelanto electoral para legalizar la imposibilidad de su lideresa de postular en las elecciones? Por angas o por mangas, pues, todo señala que el rechazo de la propuesta del vizcarrismo será inevitable. Y en este contexto, la eventualidad de una inconstitucional cuestión de confianza también está sobre la mesa.

A estos hay que sumar la desesperación de Gustavo Gorriti, IDL-Reporteros y los fiscales del caso Lava Jato, para consolidar el acuerdo con Odebrecht que le permite a la firma brasileña, por ejemplo, pagar una reparación civil de S/ 610 millones de soles en 15 años y reclamar una reparación de US$ 2,000 millones por el Gasoducto, es decir, 20 veces más que la reparación civil acordada. ¿Por qué? Odebrecht no reconoce corrupción de funcionarios públicos en el Gasoducto —es decir, no acepta la corrupción—, sino solo pagos ilegales que no constituyen delitos. En este contexto, el Estado no puede activar la cláusula anticorrupción que evitaría semejante pago a la empresa brasileña. Todos los humos lanzados por IDL-Reporteros tienen que ver con este objetivo.

En otras palabras, lo que pretendemos señalar es que el momento del choque se avecina. Vizcarra reunirá a los medios de siempre e invocará a las encuestas para hablar de las mayorías, mientras los congresistas se atrincheran en la defensa de la Constitución y las instituciones republicanas. Ojalá hubiese un escenario diferente. Pero todo se parece a una ley física.