Dos tácticas, un solo camino

Ayer el pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidió, por cinco votos contra dos, no incorporar al jurista Gonzalo Ortiz de Zevallos al pleno del mencionado organismo. Como se recuerda, Ortiz de Zevallos fue elegido como integrante del TC en la última sesión del Congreso, antes de su inconstitucional cierre decretado por la administración Vizcarra. El pleno del TC señaló que el Congreso del 2020 deberá encargarse del asunto. De otro lado, encargó a Carlos Ramos Heredia, integrante del TC, elaborar la ponencia para que el pleno de este organismo discuta si se admite o no la contienda competencial presentada por Pedro Olaechea, presidente del Congreso, contra la disolución del Congreso.

De esta manera, el TC convalidaba los procedimientos y los actos realizados por la administración de facto de Martín Vizcarra. De lo contrario, se hubiese pronunciado al término de la distancia, habida cuenta que la interrupción del equilibrio de poderes en una República es un asunto de urgencia de primer orden. ¿Qué significa todo esto? Lo que de una u otra manera venimos sosteniendo en esta columna: en el Perú hay una situación de hecho, el inconstitucional cierre del Congreso que decretó la administración Vizcarra, que cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas y policiales, y de una gran mayoría de la población.

Los sectores que defienden la constitucionalidad de las instituciones republicanas están en minoría. Esa es la verdad de los hechos. En el Perú se ha instaurado una democracia plebiscitaria que funciona de acuerdo a los humores de mayorías circunstanciales de la ciudadanía. Y en ese proceso, se relativizan las instituciones y los procedimientos establecidos en la Constitución de 1993. Esa es la realidad de nuestra experiencia política actual.

Por todas estas consideraciones, la oposición republicana –que busca recuperar el imperio de la Constitución, el proceso de construcción de instituciones y, en general, el equilibro del control del poder– tiene que desarrollar estrategias conectadas con la realidad. Denunciar la inconstitucional disolución del Congreso es un deber, continuar con estas denuncias en los organismos internacionales también es un imperativo. Y evitar que se deterioren los activos institucionales, políticos y económicos logrados en las últimas tres décadas también resulta una necesidad.

Sin embargo, como se dice, es hora de rebobinar en los predios de la oposición. Si las fuerzas republicanas no entienden que participar en las elecciones generales convocadas para instalar un nuevo Congreso en enero de 2020 es un asunto de primer orden, cometen el más grave error político de las últimas dos décadas. ¿Por qué? Porque si no hay la voluntad de participar y de movilizar todas las energías, la oposición republicana estará dejando el espacio libre a los proyectos comunistas y colectivistas que pretenden convertir al próximo Congreso en una asamblea constituyente que derogue el régimen económico de la actual Constitución e instaure un sistema político autoritario, a semejanza de los regímenes plebiscitarios que se han instalado en Venezuela, en Bolivia y, hace unos años, en Ecuador.