Domingo Pérez y el desastre de la Fiscalía

La decisión del fiscal Pablo Sánchez de encargar al fiscal Domingo Pérez la investigación a Alan García por los supuestos aportes de Odebrecht a la campaña electoral del partido aprista y la intención de acosar al congresista Mauricio Mulder (¿por la ley de publicidad estatal?) son malas noticia para la democracia. El motivo: algunos sectores del país pretenden seguir con las estrategias de judicialización a determinados adversarios. La decisión parece indicar que el establishment que gobernó en los últimos 17 años, de una u otra manera, sigue considerando a García un formidable adversario. Veremos.

La decisión de la Fiscalía es una mala noticia para la democracia porque en una sociedad que no desarrolla reformas, generalmente, la judicialización se convierte en el eje central de la opinión pública, sobre todo con un sector de medios que agoniza con el posible retiro del subsidio estatal. Quizá para aclarar las cosas valga la pena volver a repetir qué se entiende por judicialización. Esta idea o aproximación no alude a una investigación verdadera, en la que los fiscales acusan, los jueces procesan y sentencian. En la judicialización todo es preliminar, la acusación se prolonga hasta cumplir un objetivo político y cada acto de la autoridad que investiga se convierte en un press release, en una ola mediática.

La judicialización fue inventada por el nadinismo con la megacomisión Tejada. Se habló de 5,000 narcoindultos y los periodistas nadinistas comentaron sobre el “candidato de los narcos”, pero la Judicatura solo judicializó 16 casos y sentenció en base a uno. Ciertos medios acompañaron la estrategia y García fue destruido electoralmente. Luego de las elecciones del 2016, la estrategia de judicialización se trasladó a la Fiscalía, y Fuerza Popular se convirtió en el blanco. Como la indagación no avanzaba, se habló de crimen organizado, se allanaron los locales fuerzapopularistas, en el Congreso se acusó constitucionalmente al Fiscal de la Nación y las instituciones se tensaron a tal extremo que derribaron a PPK.

En otras palabras, la judicialización de la política tiene mucho que ver con la peor crisis de la democracia de los últimos 18 años, que desembocó con la renuncia de PPK. ¿Cuánto de responsabilidad le compete a la gestión de Pablo Sánchez en el Ministerio Público?

Algo más. Desatada la judicialización, la ola se vuelve contra quienes la alentaron desde el poder: Nadine y Kuczynski. En la judicialización el fiscal y el juez se convierten en media star, alentados por la barra brava de un sector de medios, y no hay lealtades ni equilibrios, porque el objetivo es el aplauso de la multitud. Nace, pues, un populismo anticorrupción.

Por todas estas consideraciones, es un deber de los demócratas alertar sobre las intenciones de continuar con estas estrategias de judicialización y alejar de las instituciones a estos magistrados que actúan con puro criterio político. Por ejemplo, en la historia del Perú Sánchez Cerro y Velasco son censurados por haber allanado los locales de partidos democráticos. En el siglo XXI, Domingo Pérez es el allanador del local de la mayoría parlamentaria, y pretende ser endiosado debido una polarización envilecedora.

Algo más. En la judicialización las instituciones ignoran sus funciones principales. Por ejemplo, la excarcelación de Osmán Morote y de Margot Liendo se explica por exceso de prisión preventiva. En el país de las prisiones preventivas, los mandos terroristas vuelven a operar por tanta distracción fiscal. En vez de allanar locales partidarios, ¿los fiscales no deberían acusar y los jueces sentenciar? En la judicialización los arrestos moralizadores de los magistrados media star también son desautorizados por otras instancias judiciales —tal como ha sucedido en el caso Ollanta y Nadine— y las extradiciones se procesan en varios años.

En cualquier caso, la judicialización debería terminar con una nueva conducción en la Fiscalía de la Nación.