Días después del escándalo del Gasoducto

Si todos ya sabemos que el acuerdo del Ministerio Público y la empresa Odebrecht solo se limitó a cuatro proyectos y excluyó al Gasoducto del Sur y alrededor de otros 14 en los que existe corrupción —según las investigaciones del Consorcio de Investigación de Periodistas Internacionales—, ¿es viable para la vida democrática la continuidad del mencionado acuerdo? Si el Gasoducto del Sur es uno de los pocos proyectos que tenía una cláusula anticorrupción que, en caso de cualquier delito, cesaba los derechos de la empresa brasileña, ¿por qué se excluyó esta obra del acuerdo con Odebrecht a sabiendas de que la empresa brasileña reclamaba US$ 2,000 millones por los avances en el Gasoducto? Más aún, la suma reclamada por la cuestionada compañía representa 20 veces el valor de la generosa reparación que aceptó el Ministerio Público. Una ínfima suma que, además, puede pagarse en 15 años.

A medida que se sigan conociendo detalles, el acuerdo del Ministerio Público comenzará a oler demasiado mal y los primeros afectados con posibles investigaciones —incluso penales— serán los procuradores del Ministerio de Justicia (encargados de establecer los montos de la reparación civil) y el Ministerio Público, obligado a perseguir el delito en representación del Estado. Las cosas en el sector Justicia tienen que ver con la política y las responsabilidades de los procuradores, pero la cola que este asunto traerá en el Ministerio Público podría significar un verdadero terremoto. Si la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y la Junta de Fiscales Supremos no toman una decisión con respecto a los fiscales Lava Jato, sobre todo en los casos de Vela y Pérez, entonces el desastre los afectará a todos. Quedará en evidencia que en la Fiscalía no hay reservas institucionales para las rectificaciones.

Pero, ¿por qué se impulsó un acuerdo con la empresa brasileña tan lesivo para los intereses nacionales? Hoy las cosas son evidentes: se pretendía judicializar a la oposición —en especial a Keiko Fujimori y Alan García— como parte de un proyecto político de control de instituciones. Esta estrategia contó con el apoyo irresponsable de medios y encuestadoras y, de una u otra manera, se sacrificó la lucha contra la corrupción por los objetivos políticos de liquidar opositores. En este camino, el autor intelectual del acuerdo con Odebrecht, Gustavo Gorriti de IDL-Reporteros, llegó a sostener que la mencionada empresa brasileña “se había reformado” y “había asumido nuevos criterios corporativos”, porque había aceptado la colaboración eficaz. Gorriti, en la práctica, se convirtió en el defensor de la empresa brasileña.

La cosa es tan escandalosa y, a la larga, tan insostenible que la Comisión Nacional de Anticorrupción, presidida por Salvador del Solar, ha solicitado a la Fiscalía que el tan mentado acuerdo con Odebrecht se publicite para conocimiento de todos los peruanos. El desvelamiento de los objetivos reales del acuerdo con Odebrecht, de una u otra manera, indican el final de la llamada “ola anticorrupción” que encabezó el presidente Vizcarra y desató una virtual guerra civil sin balas, que se expresó en los choques Ejecutivo versus Legislativo, en el encarcelamiento de la oposición, en el suicidio de Alan García y en el control político de la Fiscalía de la Nación. 

Hoy ese ciclo pareciera terminar. Y si bien la parálisis del país y el deterioro institucional son muy graves, gracia a Dios los sectores pretorianos no han logrado controlar la mayoría de instituciones republicanas. La resistencia institucional ha existido, pues. Ojalá no erremos con el optimismo.