¡Cuidado con perseguir a Olaechea!

Martín Vizcarra ha acusado a Pedro Olaechea de usurpar funciones por haber presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC), arguyendo la inconstitucionalidad del decreto de disolución del Legislativo. El argumento oficial:  Olaechea ya no es presidente del Legislativo y no tiene facultades para semejante acto. Sin embargo, tal como lo señalan los constitucionalistas, Olaechea desde que fue elegido titular del Legislativo no ha sido censurado ni removido del cargo y, según el artículo 42 del Reglamento del Congreso, preside la Comisión Permanente en calidad de titular del Legislativo.

El procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) presentó una denuncia penal contra Olaechea y el titular del Congreso respondió con firmeza señalando que él iba para adelante. Estos hechos se sucedían cuando uno de los jerarcas venezolanos había hablado de “brisita bolivariana” para Ecuador y Perú, y cuando también en la prensa internacional se empezaba a acentuar la idea de que la disolución del Congreso peruano era inconstitucional. Allí están los artículos en The Wall Street Journal, The Economist, El Nuevo Herald y el ABC de España, que sostienen que la administración Vizcarra es una de facto.

Pero lo más grave de todo es que el intento de golpear a Olaechea va contra el sentido general de la Constitución, que señala que el Tribunal Constitucional es el encargado de pronunciarse sobre los diferendos entre poderes, y también en contra del pronunciamiento de la Secretaría General de la OEA, que llama a resolver los conflictos en el TC. Algo parecido se dijo en la Comisión de Venecia.

Es incuestionable que la fuerza de los hechos nos indica que la administración de facto de Martín Vizcarra ha ganado largamente y se ha consolidado. Hay apoyo de la mayoría, y las Fuerzas Armadas y la policía respaldan al Ejecutivo. Es evidente también que las elecciones congresales para el 2020 se efectuarán y la administración Vizcarra buscará “constitucionalizarse” y cerrar las heridas abiertas con la disolución inconstitucional del Congreso. Algo más. Para todos es sabido que el Ejecutivo tiene cuatro integrantes seguros y afines en el TC. ¿Por qué entonces la furibunda reacción en contra de Olaechea?

Todo indica que la disolución del Congreso es, incluso, indefendible, para los propios magistrados más cercanos al Ejecutivo. Someterse al proceso competencial planteado por Olaechea y fallar en contra sería manchar para siempre trayectorias jurídicas y liquidar los restos de autoridad del TC. De allí la reacción de la administración Vizcarra.

Lo más probable entonces es que el TC no admita y haga largas a la demanda de Olaechea, mientras la administración de facto busca constitucionalizarse en camino hacia las elecciones del 2020. 

Pero lo peor que podría hacer la administración Vizcarra es continuar con la judicialización de los opositores, periodistas y todos los actores de la crítica y la oposición. Una conducta de ese tipo se convertiría en el peor argumento contra cualquier proceso de “constitucionalización” y confirmaría con creces que en el Perú hay algo más que una brisa bolivariana.