¡Cuidado con el pulso autoritario!

Desde esta columna hemos sostenido y ratificamos que la administración Vizcarra es una de facto porque la disolución del Congreso no se hizo de acuerdo a la Constitución. Sin embargo, también hemos sostenido que en la política existen los hechos y los principios, y que los hechos nos señalan que el Ejecutivo es real: detenta el poder fiscal y coercitivo del Estado. En este contexto, igualmente, hemos sostenido que las elecciones de enero del 2020 son fundamentales para recuperar las instituciones republicanas que se han venido construyendo en las últimas dos décadas. 

De otro lado, luego de la disolución inconstitucional del Congreso han existido algunas noticias que, si bien no dan para el optimismo, generan cierta tranquilidad. Por ejemplo, entre los propios funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se informa que la política económica sigue igual y que no hay políticas de gasto que causen suspicacias sobre clientelismo a semanas de las elecciones. De otro lado, la decisión del Ejecutivo de decretar el estado de emergencia y restaurar el orden en el Corredor Minero del Sur (Las Bambas) y poner a raya al extremismo, así como los diálogos con los gremios empresariales, causan buena espina.

Sin embargo, unos días atrás la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, borró de un solo brochazo todas estas buenas señales: solicitó que Víctor Ticona, presidente del JNE, diera un paso al costado por estar comprometido en el caso de “Los Cuellos Blancos”. Es decir, por haber conversado con César Hinostroza y otras relaciones sin mayor importancia. Si bien la cosa no fue para mayores, el ensayo reveló lo peor que le podría suceder a la administración Vizcarra: intentar inmiscuirse en las próximas elecciones al Congreso. Algo así sería terrible, devastador, y desataría una crisis terminal en el Ejecutivo. Pero, ¿por qué se lanzó el ensayo contra la autoridad del JNE?

Martín Vizcarra debería entender que la única posibilidad de reconciliarse con la constitucionalidad destruida es desarrollando unas elecciones impecables en enero del 2020. Es la única manera de disolver los nubarrones que han cubierto a quienes violaron la constitucionalidad en el Perú durante todo el siglo XX y XXI. Los ejemplos de Leguía y Fujimori son cachetadas a la soberbia.

Unas elecciones impecables, sin posibilidades de ser cuestionadas, dejaría a la administración Vizcarra con argumentos para el debate posterior sobre la inconstitucional disolución del Congreso. Unos comicios enturbiados acrecentarían la polarización del país ya no entre fujiapristas y antifujiapristas, sino entre demócratas y republicanos versus autoritarios.

¿A qué vamos? En esta etapa de transición, en que se busca restablecer el equilibrio de poderes interrumpido inconstitucionalmente, la administración Vizcarra debería ser la más interesada en enviar buenas señales en política y economía. Asimismo, debería ser la más interesada en detener la judicialización de la política llamando a las instituciones a detener la feria de prisiones preventivas que algunos parecen interesados en promover con sabe Dios qué fines (el caso de los árbitros) y en abierta oposición al pleno jurisdiccional de la Corte Suprema del país.

En esta etapa de transición hacia el restablecimiento del equilibrio de poderes, el Perú podría empinarse sobre sus miserias y marcar diferencias en la región si desarrollamos comicios impecables, respetamos el debido proceso y terminamos con la extrema judicialización de la política. Veremos.