Continúa la guerra Ejecutivo versus Legislativo

La irregular disolución del Congreso que ejecutó Martín Vizcarra, sin el refrendo del Consejo de Ministros y sin que mediara la publicación del decreto correspondiente, y la respuesta del Congreso de suspender a Vizcarra en el ejercicio de la presidencia y nombrar a Mercedes Aráoz como encargada de la jefatura de Estado, es una historia que finalmente se resolverá en el Tribunal Constitucional. Ayer por la noche se conocio que Mercedes Aráoz había renunciado a la jefatura de Estado. Sin embargo el problema continuaba. 

De pronto, la República peruana, que acumula dos décadas de experiencia democrática (a través de la elección de cuatro gobiernos sin interrupción), es observada por la comunidad internacional, por los medios del mundo y los organismos internacionales, como una una de esas republiquetas del tercer mundo en las que las guerras civiles, sociales y políticas, terminan arrasando a las instituciones. Los artículos de diarios como The Washington Post y revistas como The Economist empiezan a registrar el derrumbe institucional de nuestra República.

El asunto es tan grave que la Organización de Estados Americanos acaba de pronunciarse señalando que el conflicto de poderes, que algunos creían que se resolvería con el arbitrario anuncio de disolución de Vizcarra, debe tramitarse ante el Tribunal Constitucional. Y de alguna manera, la Comisión Permanente del Congreso empieza a asumir este criterio. Es decir, que las irregularidades que acumula la disolución del Congreso ordenada por Vizcarra —más allá del respaldo de las Fuerzas Armadas y policiales a esta decisión— deben resolverse de acuerdo a la estructura institucional que establece la Constitución de 1993. Y la Carta Política señala que es el Tribunal Constitucional el que arbitra en los diferendos entre el Ejecutivo y el Legislativo. La historia tiene, entonces, para varios capítulos más, y la crisis incluso podría prolongarse por semanas.

En este escenario quienes más pierden son los seis millones de pobres que todavía existen en el Perú, porque es incuestionable que la crisis institucional y política del país terminará afectando con extrema gravedad el crecimiento económico y el proceso de reducción de pobreza. Seguramente las proyecciones de crecimiento (de 2.5% del PBI) para el 2019 tenderán a ajustarse a la baja, y ni qué decir de los pronósticos del crecimiento para el próximo año. La cosa es grave y viene envuelta en penumbras.

Si la situación política, institucional y económica continúa deteriorándose a velocidad de crucero, y conociéndose ya del impulso a la aventura de Martín Vizcarra, no sería nada extraño que el ahora presidente de facto se decida a convocar a una asamblea constituyente y reedite la experiencia de todas las democracias plebiscitarias de América Latina. La idea de mantenerse dentro de los marcos constitucionales lo obliga a convivir con una Comisión Permanente y a aceptar la jurisdicción de un Tribunal Constitucional que, por más que se incline hacia el lado del Gobierno, parece muy difícil que favorezca con una resolución prevaricadora el acto arbitrario e irregular de la disolución del Congreso. De otro lado, la convocatoria a unas elecciones generales en el 2020, a las que prácticamente nadie querrá presentarse (porque el mandato es solo de un año, y a la vuelta de la esquina están las elecciones del 2021, con un mandato de cinco años), de alguna manera, también abona a favor de una convocatoria a una asamblea constituyente.

En otras palabras, los republicanos deben ser conscientes de los errores que se han acumulado en la conducción de las instituciones; pero al mismo tiempo, deben tener la certeza de que solo hay una manera de defender la Constitución de los asaltos plebiscitarios: con firmeza y con más firmeza. Por más que haya mayorías que relativizan el funcionamiento de las instituciones y por más que todos los vientos soplen en contra.