Amenaza autoritaria avanza

La posibilidad de que Uruguay le otorgue asilo político a Alan García —luego de que un juez estableciera el impedimento de salida del ex jefe de Estado por 18 meses, y después de la detención preventiva de Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari y Ana Hertz— en cualquier sociedad democrática del mundo encendería todo tipo de alarmas, porque en una sola imagen se presenta a, prácticamente, toda la oposición encarcelada y judicializada.

Cuando a la oposición se le encarcela por 36 meses solo para investigarla —es decir, para ver si es inocente o culpable— resulta incuestionable que la amenaza autoritaria avanza inexorablemente en una sociedad. Y cuando a un ex presidente se le impide la salida del país por haber cobrado por una conferencia en el extranjero (que él declaró ante la autoridad tributaria, pagando los correspondientes impuestos), solo porque una ONG de izquierda propala un informe sin ninguna consecuencia judicial, entonces, la Constitución, las leyes y los procesos han comenzado a estirarse como un chicle para perseguir a los adversarios. Sobre todo cuando los amigos de Gustavo Gorriti —el evidente líder de los procesos contra la oposición—, no obstante estar embarrados hasta el cuello con el caso Lava Jato, se pasean silbando y con las manos en los bolsillos.

¿Cómo la democracia, que acumula dos décadas de experiencia, ha llegado a esta situación? En el Perú no hay élites democráticas, ni de izquierda ni de derecha, ni socialistas ni liberales, porque en este proceso de debilitamiento institucional participan los militantes del chavismo más pétreo y los amigos de Mario Vargas Llosa. Todos ellos han construido su enemigo común: la amenaza fujiaprista. Y apoyan abiertamente el encarcelamiento de los opositores. Es incuestionable que este proceso se desarrolla porque los increíbles, inexplicables y censurables, errores de Fuerza Popular convirtieron a una mayoría política en una minoría rechazada en todos los sentidos, a tal extremo que la nueva mayoría apoya el cierre del Legislativo y el encarcelamiento de la oposición.

El primer balance de por qué las instituciones se debilitan y se instrumentalizan facciones judiciales en la Fiscalía y el Poder Judicial, es simple: no hay élites democráticas. Y sin ellas resulta extremadamente complicado mantener instituciones y democracia. ¿Por qué es importante semejante aproximación? Porque el argumento de que la casi unanimidad mediática ha construido este escenario, en el que una mayoría busca linchar a una minoría, es relativa: con una élite democrática nadie imaginaría algo así.

Ahora bien, es evidente que la prensa de hoy comienza a parecerse en extremo a la que controlaba el montesinismo en los noventa. Una cosa muy extraña, porque no hay un mando único sino diversos intereses que confluyen. La Ley Mulder —derogada por el TC— estrelló “las realidades empresariales” de las redacciones con el mercado y la eficiencia. Sin el subsidio estatal es imposible organizar a “los medios realmente existentes” que habían surgido en el Perú.

A este factor se sumaron las complicaciones judiciales por el caso Lava Jato de algunos propietarios de medios. Y el resultado es la actual unanimidad mediática que alienta el linchamiento y el encarcelamiento de la oposición. Al respecto vale precisar que, cuando hay buena política, no hay poder mediático que valga. Si hay dudas allí están los casos de Trump y Bolsonaro, que doblegaron a prensas miles de veces más poderosas que la peruana.

El gran problema de quienes animan este linchamiento solo para castigar y desaparecer a los fujimoristas o apristas del escenario es que si esta estrategia triunfa, lo más probable es que ellos también serán barridos. Si el país se desinstitucionaliza al ritmo de las encuestas para encarcelar a la oposición, el resultado parece inevitable: una salida autoritaria con cualquier surfista cabalgando sobre la ola.