¿A quién se hace oposición?

Desde las elecciones nacionales del 2016 la democracia padece de una grave perturbación: algunos creen que las relaciones oficialismo y oposición que se desarrollan en los sistemas presidencialistas o semipresidencialistas —como es el caso de la democracia peruana— deben invertirse, porque existe una mayoría legislativa clara en el Congreso. Es decir se considera que el oficialismo está en el Legislativo y la oposición se desarrolla en contra de la mayoría congresal. Esta tendencia se ha afirmado luego de la renuncia de Kuczynski, e incluso algunos periodistas suelen hablar de oposición refiriéndose a quienes guerrean contra el fuerzapopularismo.

Semejante escenario inevitablemente tiene que ver con la polarización fujimorismo versus antifujimorismo, que tiñó con todos sus tonos e intolerancias a la política durante la pasada administración PPK, pero que nada tiene que ver con la gobernabilidad del país. En la base de esta perturbación de la democracia no solo está la mencionada polarización sino también los propios yerros de la mayoría legislativa, que alimentan el caldero político y la tensión entre ciertos medios y el Congreso por la ley Mulder, que retira el subsidio estatal a algunas redacciones.

La inversión de los términos entre oficialismo y oposición sirve para la estrategia del antifujimorismo y de ciertos sectores del antisistema hacia el 2021, pero de ninguna manera vale para que el Perú emprenda algunas tareas y reformas imprescindibles hacia el 2021. En función de la mencionada estrategia, algunos se desbarrancan en la ridiculez: por ejemplo se pretende señalar que la principal corrupción está en las compras de flores, ipods y computadoras del Congreso, no obstante que esas adquisiciones suman menos de un día de gasto diario en publicidad durante la administración PPK.

¿Por qué la inversión del concepto de oficialismo atenta contra la gobernabilidad? Por la sencilla razón de que, por más mayoría legislativa que exista, el Ejecutivo sigue concentrando el poder económico, institucional y coercitivo del Estado. En otras palabras, si la reconstrucción en el norte no avanza, si niños y ancianos siguen muriendo por el friaje en el sur, si se desboca o fracasa la huelga magisterial, si se abdica de la autoridad estatal y se cancelan contratos por presiones gremiales, si la anemia sigue avanzando invicta en la niñez, si la inversión privada no se relanza por las malas señales que emite el Ejecutivo, siempre será de absoluta responsabilidad de la Casa de Pizarro.

No hay manera de que semejantes responsabilidades de gobierno se carguen al pasivo del Congreso. En cualquier caso, la principal responsabilidad del Legislativo reside en su distancia de las urgentes reformas que necesita el Perú para relanzar su crecimiento, pero no tiene que ver con el éxito o fracaso inmediato de la administración Vizcarra, ni tuvo nada que ver con el desastre pepekausa.

En el Perú la inversión de los términos de oficialismo y oposición llegó al paroxismo durante los dos procesos de vacancia presidencial que se impulsaron desde el Congreso. Se habló incluso de “un golpe de Estado constitucional”, pese a que el Ejecutivo también parecía embarcado en una estrategia abierta de disolución del Legislativo y de fractura de la mayoría legislativa.

En cualquier caso, la guerra ha terminado con la renuncia de Kuczynski. La guerrita de ciertos medios con el Congreso apenas es una batalla esporádica que pronto terminará con la regulación del subsidio estatal a algunas redacciones. Es hora, pues, de recuperar la cordura y volver a entender en dónde está el oficialismo. Y si el Legislativo persiste en el yerro de ignorar las reformas, entonces el electorado juzgará en el 2021. Pero apuntemos la mirada al Ejecutivo, por favor, que los niños se mueren de frío en el sur mientras la reconstrucción no avanza. El resto es frivolidad.