2 de mayo: ¿un Gabinete sin problemas?

Al parecer el objetivo principal del Gabinete Villanueva, antes de su presentación en el Congreso, ha sido evitar cualquier problema que pudiese enturbiar el casi unánime voto de confianza que seguramente conseguirá. En función de ese objetivo, la característica del nuevo Ejecutivo fue el paso atrás y la abdicación de la autoridad del Estado. Desde el intento de recular ante el incremento de tarifas de agua establecido por la Sunass en Moquegua, pasando por el compromiso de revisar los costos de los peajes y el anuncio de la cancelación de los contratos petroleros firmados por la administración PPK, hasta el evidente retroceso en el proyecto Tía María. El Ejecutivo se evitó todos los problemas con tal de que el Gabinete llegue inmaculado al voto de confianza.

En cualquier caso, no parece posible desarrollar un Gobierno empeñado en el permanente paso atrás y la abdicación de la autoridad. No habría paz social ni se garantizaría un mínimo de continuidad económica, además que los ministros a favor de la inversión dentro del Gabinete Villanueva tendrían que ir preparando maletas para ceder su lugar a los técnicos de la izquierda, empeñados en desmontar hasta el último ladrillo del modelo económico.

Por todas esas consideraciones, nada anuncia que la abdicación de la autoridad vaya a ser la característica del Gabinete Villanueva. Más bien las cosas parecen indicar un pragmatismo de políticos provincianos trejos, que necesitan el empoderamiento político del Congreso para empezar a gobernar y hacer respetar la autoridad. De lo contrario, el Gobierno de Martín Vizcarra entraría en grave crisis por mano propia.

Abdicar de la autoridad o retroceder ante la presión social y política, luego del brutal choque Ejecutivo - Legislativo durante la pasada administración PPK, es la mejor manera de alentar una oleada de convulsión social que terminará jaloneando a las instituciones, a semejanza de las experiencias bolivianas y ecuatorianas, sobre todo luego de la renuncia de PPK y la lentificación del crecimiento que ya comenzó a aumentar pobreza.

Si las cosas siguen así no habrá Michiquillay ni menos Tía María, y el ministro David Tuesta y su equipo comenzarán a preguntarse cuál es la relación con un Ejecutivo que se propone revisar peajes consagrados en contratos con respaldo de la ley nacional e internacional.

En otras palabras si bien el Gobierno del presidente Martín Vizcarra ha conseguido la paz entre Ejecutivo y Legislativo, la abdicación de la autoridad estatal podría estar fermentando mayor convulsión social al lado de una crisis dentro del Ejecutivo que se resolvería a favor del sector de ministros anti inversión del Gabinete Villanueva.

Ante cualquier circunstancia, los políticos saben más de política que cualquier analista o periodista. No parece posible que un buen político opte por la permanente política del paso atrás. Simplemente sería suicida. De allí que luego del voto de confianza recién llegará la hora de exigir resultados al Gobierno del presidente Vizcarra que, más allá de cualquier yerro, ya tiene logros: una transición en base a las instituciones establecidas en la Carta Política es un mérito enorme. Pero no basta, se necesita gobernar y recuperar la perdida autoridad estatal.