Renovemos procesos a favor del afiliado

Celeridad en los trámites y eliminación de requisitos innecesarios

Hace años existe en Perú, como en muchos otros países de América Latina, la figura del tramitador, aquella persona a la que le pagas para que realice trámites. Estos trámites normalmente suponen varias visitas y entrega de papeles a alguna institución, por lo general pública, para que acredites que tienes derecho al pago de un beneficio, como el pago de una pensión o un subsidio económico. Por ende, es de esperar que mientras mayor el número de trámites y más lentos los plazos de atención de expedientes y devolución de beneficios, mayor el cobro que realiza el tramitador por sus servicios.

En el Perú deberíamos aspirar a que el trabajo del tramitador no exista, porque el Estado debería ser lo suficientemente eficiente como para que se te haga fácil exigir el ejercicio de un derecho. Pero lo cierto es que aún hoy abundan los tramitadores y esto se debe a que muchos procesos son todavía engorrosos y, en algunos casos, interminables. No pretendo en esta columna personalizar esta situación con el ánimo de fastidiar a alguien, simplemente siento el deber de escribir estas líneas por respeto a una persona muy querida, hoy ya fallecida.

Han pasado casi once meses desde su partida y sus dos hijos (uno estudiante universitario y el otro menor de edad) no cobran un sol de pensión de sobrevivencia de la entidad estatal a la que ella estaba afiliada. En ambos casos, la familia contrató un tramitador. En el primer caso, la entidad se ha demorado casi diez meses en emitir una carta aceptando el certificado de estudios de la universidad, y en ella señala que próximamente emitirá una resolución que le permitirá a este joven cobrar una pensión de sobrevivencia, a la que tiene derecho, por los aportes que realizó su madre a esta entidad pública durante más de treinta años.

En el segundo caso, por tratarse de un menor de edad, se debe conseguir primero el pronunciamiento de un juez que determine que el padre tiene la patria potestad y, con ella, los derechos para iniciar el trámite de cobranza de la pensión. Como sabemos, el Poder Judicial tiene plazos sumamente amplios, pues se encuentra desbordado y a la fecha, aún no ha efectuado siquiera el proveído necesario para iniciar el trámite ante el juzgado correspondiente.

Siento indignación porque estos dos jóvenes, muy cercanos a mí, no solo han tenido que enfrentar la muerte inesperada de la mamá, sino que ahora están al frente de un proceso que resulta complejo, indolente y sin solución en el corto plazo. Siento impotencia porque la respuesta de la institución pública es que hay que esperar, que faltan quince días más, que migraron de un sistema informático a otro y eso ha afectado los plazos. Siento vergüenza porque, como adulta responsable, no logro atender los derechos de estos jóvenes. Y me siento incompetente, sin poder explicarles por qué han pasado once meses desde que dejaron de recibir el sueldo que su mamá obtenía con su trabajo, y la institución pública que hoy debería proveerles la pensión de sobrevivencia no lo hace.

Es obvio que el Gobierno al inicio pidió celeridad en los trámites y eliminar requisitos innecesarios, hechos que en este caso no se han cumplido. Pretender disfrazar la ineficiencia operativa con eficiencia publicitaria, para quedar bien, es mentirle a la población y mentirle al presidente de la República, quien confía en que, como funcionario público, se está sirviendo al ciudadano de manera diligente.

Hace falta que el funcionario público, incluso el de mayor rango de esta institución, se remangue la camisa, recorra cada proceso, revise los expedientes, los plazos y hable con el usuario final, para que realmente sepa que lo que él dice en su publicidad sobre la eficiencia de sus servicios resulta una ofensa a los oídos de estos dos jóvenes, a los que debería proteger desde el momento en que se quedaron huérfanos.

Hoy me siento desilusionada de este doble discurso, pero seguiré en la lucha para que estos procesos cambien y para que los ciudadanos tengan el mejor trato posible por parte de esta institución. Porque para eso estamos, para denunciar lo injusto y luchar por los que aún no son oídos.

 

Giovanna Prialé Reyes