Privaticemos el matrimonio

Para acabar con las discriminaciones impuestas por el Estado

En muchos países se viene discutiendo, desde hace algún tiempo, la posibilidad de que se apruebe la unión civil o matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo. Como es lógico, en todos esos países se ha generado un gran debate entre defensores y detractores de esta propuesta. Los países con sociedades conservadoras como la nuestra han demostrado, a través de su clase política, su intolerancia y también su poco interés por combatir la injusticia que nuestras leyes permiten contra quienes tienen parámetros morales diferentes, bajo la consigna de que el Estado debe de salvaguardar al matrimonio y la familia “tradicional”.

Creer que el Estado debe proteger la institución familiar es un absurdo, pues la familia no fue inventada por un burócrata estatal. La familia responde a convenciones sociales, necesidades y elecciones individuales muy anteriores a la aparición del Estado mismo. Por lo tanto, el matrimonio debería de ser, como en los orígenes, una institución jurídica de naturaleza privada. Si un hombre y una mujer libremente deciden unirse para formar una familia, pueden hacerlo; lo mismo para quienes deciden vivir fuera de lo que se conoce como “familia tradicional”, en matrimonios homosexuales e incluso poligámicos. Estas situaciones, no son más que elecciones personales en las que no debe intervenir el poder público.

Lamentablemente, en la actualidad la formalización del matrimonio —para los parámetros de nuestras sociedades conservadoras— es causante de una sanción moral pública, en la que el Estado desempeña un papel que materializa la injusticia al violar el principio de igualdad ante la ley. Pero, ¿es legítimo que el Estado sancione determinadas concepciones morales? No, no lo es, porque la moral se encuentra dentro de nuestro ámbito subjetivo como personas, y nos corresponde única y exclusivamente a nosotros. Por ende, la moral es distinta en cada persona. Lo que para mí es moral para ti seguramente no lo es, y viceversa. Entonces el matrimonio, al estar en función a las preferencias de las personas y a sus valoraciones subjetivas, es un tema estrictamente moral, y debe desvincularse totalmente del Estado.

Todos aquellos (parejas heterosexuales u homosexuales y relaciones poligámicas) que quieran formalizar su relación podrían establecer los compromisos o acuerdos para ello, pues se trata a todas luces de un contrato en el que se establecen derechos y obligaciones, y que es regulado sólo por ellos. Así el patrimonio que logren crear juntos será exclusivo de ellos y de su familia; y en caso de la muerte de alguno o divorcio, ninguna de las partes quedará desprotegida. Algo que es imposible en muchos países de la región por sus leyes injustas sobre la materia en cuanto a bienes y herencias. Estos acuerdos privados deberían realizarse ante la presencia de un notario público, para dar fe del acto ante la sociedad. Por otro lado, si se desea el reconocimiento religioso, las personas deberían ajustarse a los criterios morales de las instituciones religiosas que ellos libremente hayan elegido y, como es obvio, aceptar la sanción moral impuesta por estas instituciones.

Por lo tanto, lo ideal sería que los matrimonios y las parejas de hecho no sean reconocidos, ni registrados, ni regulados por el Estado. Deben convertirse simplemente en acuerdos privados sin intervención pública en los que las partes decidan libremente. Y todos nosotros, aunque no estemos de acuerdo, debemos tener la obligación de respetar dichos convenios. La privatización del matrimonio es la única forma de acabar con todo tipo de discriminación impuesta por el Estado y, por ende, con todo el poder de decisión que el Estado actualmente tiene sobre nuestras vidas.

Fernando Vigil

@fernandovigilr