Inclusión financiera y competencias financieras en PISA 2015

Herramientas indispensables para construir riqueza

La semana pasada fuimos testigos, una vez más, del robo de millones de soles y miles de dólares a una compatriota, en su casa; y unos pocos días después, del asalto a un empresario que había retirado una significativa cantidad de dinero de un banco. Estas son noticias frecuentes, que van de la mano con lo que afirmó este lunes el economista Jorge González Izquierdo en Radio Capital: “las personas no usan el sistema financiero porque desconfían de él”. Y esto da pie, decía González Izquierdo, al ingreso de las bandas de colombianos como prestamistas informales, porque en el Perú “estamos muy acostumbrados a trabajar con el prestamista de la esquina”.

Al mismo tiempo, también se publicaron en algunos diarios los resultados de la participación de Perú en la Prueba PISA 2015 que midió, por vez primera para nuestro país, las competencias financieras promedio de los alumnos que rindieron esta evaluación. Perú fue pionero en implementar en el Diseño Curricular Nacional, en el 2009, el dictado de temas financieros en el currículum básico de educación secundaria. Y en el 2015 se amplió a educación primaria. Sin embargo, en esta evaluación salimos en el penúltimo lugar. Algunos expertos dicen que esto es porque nos comparamos con los “gigantes del mundo”.

A partir de mi recorrido por el Perú y el mundo, haciendo consultorías sobre inclusión financiera, creo que podemos revertir nuestra situación si trabajamos muy duro para desarrollar una metodología de enseñanza acorde a la realidad de las familias peruanas. Y si nos reinventamos en la manera como ofrecemos y regulamos la oferta de productos financieros.

Sí pues, en el 2009 el uso del sistema financiero, medido a través del indicador (Depósitos/PBI) no superaba el 35%, frente al 100%, característico de los países que hoy forman parte de la OCED. Y ocho años después la realidad no ha cambiado mucho, a pesar de la aparición (ya hace muchos años) de las entidades microfinancieras, y de la Billetera Electrónica (BIM) el pasado 2015. Aún sigue estando pendiente el acceso y uso de la población (hoy excluida financieramente) de herramientas financieras que las protejan ante los riesgos de desempleo, enfermedad o fallecimiento.

Sin embargo, en esto tenemos que ser radicales. Es indispensable establecer que la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera —que inició en el papel en el 2012 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)— se reactive, atienda las demandas insatisfechas de la población y, a partir de una nueva estructura regulatoria, construya un ecosistema distinto, en el que la enseñanza de las competencias financieras sea realmente obligatoria a nivel nacional y se cuente con indicadores que permitan medir cómo el alumno se va empoderando en el manejo de sus finanzas. Esta es la condición necesaria número uno para que cada uno de nosotros no gaste más de lo que tiene como ingreso, y pueda calcular y comparar entre ofertas financieras para decidir invertir en un negocio o endeudarse para los estudios de postgrado.

Pero el ecosistema en el que se mueva este ciudadano, hasta ahora excluido del sistema financiero, tiene que ser flexible. Y esta es la condición número dos: las nuevas entidades financieras que se cree deben contar con herramientas de medición de riesgos distintas, que le cobren al trabajador conforme este genera su ingreso, que le ofrezcan combos (seguro de salud privado, pensiones, seguro de vida) a precios razonables, para que él pueda hacer uso de los servicios sin tener que trasladarse horas de horas y descuidar su negocio o empleo, según sea independiente o dependiente.

Me imagino varios consultorios médicos privados en Comas, San Juan de Lurigancho y las principales ciudades de nuestras regiones, en los que el trabajador sea atendido a la hora que fue citado, y que este servicio le permita ser trasladado a una clínica de mayor especialización si su enfermedad así lo requiere. Muchos de nuestros trabajadores excluidos son independientes y su capacidad de generación de ingresos depende única y exclusivamente de ellos mismos, razón por la que un seguro de salud privado que les posibilite chequeos preventivos resultaría óptimo, siempre que vaya acompañado de otras herramientas financieras que lo protejan.

En este nuevo ecosistema la regulación y supervisión debe cambiar. No podemos permitir que las cooperativas fantasmas sigan reproduciéndose en el interior del país, blanqueando dinero. Porque no solo ponen el riesgo la capacidad de recuperación del depósito del cliente, sino que además se constituyen en una práctica ilegal e informal que compite de manera desleal con cualquier institución financiera que esté trabajando en el desarrollo de nuevos productos y distintas modalidades de recuperación del crédito.

El acceso a un sistema financiero competitivo (seguros, créditos, depósitos, pensiones, etc.) es fundamental porque permite que el trabajador cuente con herramientas que le permiten construir riqueza y, con ello, aumentar su productividad. Además le facilitan al Estado la formalización (no solo la tributaria), porque los ciudadanos comienzan a participar de los beneficios de un acceso y uso financiero responsables. Y esto último sí está comprobado a nivel internacional.

 

Giovanna Prialé Reyes