Darío Enríquez

Darío Enríquez

Érase una vez un presidente y su ministro favorito

Érase una vez un presidente y su ministro favorito
Darío Enríquez
01 de marzo del 2017

El modus operandi de la megacorrupción, para dummies

La megacorrupción del proyecto socialista continental del Foro de Sao Paulo, el Partido de los Trabajadores de Brasil, el liderazgo del socialista Lula Da Silva y su brazo financiero, el consorcio de empresas mercantilistas brasileñas —Odebrecht, Camargo-Correa, Queiroz y Galvao, OAS y otras— se encuentra en el centro de las noticias. Día a día, las revelaciones de los implicados que se acogen a la confesión sincera o a la delación premiada causan estragos entre la clase política, los tecnócratas y lobbistas ligados al poder, las empresas privadas locales mercantilistas y una buena parte de la gran prensa entregada al alquiler de sus conciencias.

En ese contexto, hasta hoy la noticia más destacada es, sin duda, el descubrimiento de una coima de US$ 20 millones entregada a Alejandro Toledo cuando ejercía la presidencia del Perú. Esta coima permitió a la empresa Odebrecht ganar la licitación del gran proyecto de la Carretera Interoceánica. Toledo y su delincuencial proceder no podría explicarse bajo la hipótesis del “lobo solitario”. El mitómano de Cabana contó, sin duda alguna, con un andamiaje de secuaces operadores en puntos claves del proceso.

El proyecto Interoceánica era muy sensible para el sur del Perú. Las diversas manifestaciones callejeras populares exigiendo el cumplimiento de esa irracional promesa electoral de Toledo cobraron incluso casi una docena de muertes y decenas de heridos. Había una sensibilización para iniciar “sí o sí” el proyecto. Pudo haberse convocado una licitación abierta, formal y legítima para otorgar la buena pro. Pero Toledo y sus secuaces escogieron el camino de la corrupción, entregando el proyecto a Odebrecht a cambio de un coima de US$ 20 millones.

Había cinco obstáculos que impedían que Odebrecht ganara la licitación y pudiera hacerse del proyecto. Esta gigantesca obra civil le ha proporcionado pingües ganancias ilícitas que superan los 3,000 millones de dólares en el transcurso de su construcción, con casi una veintena de “addendas”. En cada addenda está el potencial de otras coimas, aunque aún no se hayan revelado. La clave para identificar a los delincuentes cómplices del corrupto Toledo está en el levantamiento de esos cinco obstáculos:

UNO. Con el Decreto Supremo 022-2005-EF, del 10 de febrero del 2005, se exonera del cumplimiento de la fase de preinversión y la declaración de viabilidad para el proyecto de la Interoceánica Sur. Así, se evita que estas exigencias del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) puedan declarar inviable el proyecto, que se forzaba en virtud de un acuerdo entre los gobiernos de Perú y Brasil. Este decreto supremo fue firmado por Alejandro Toledo, Javier Sota-Nadal (en remplazo del ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski, que estaba de viaje) y José Ortiz Rivera, como ministro de transporte (ver http://www.abogadoperu.com/peruano-fecha-20050210-pagina-11.php)

DOS. El proyecto superaba el límite de endeudamiento externo del Estado. Con el Decreto de Urgencia 016-2005 del 18 de julio del 2005, se perfora el límite de 1% del PBI, subiéndolo a 1,5%. Firman Alejandro Toledo como presidente, Carlos Ferrero como primer ministro y Pedro Pablo Kuczynski como ministro de Economía (ver http://www.teleley.com/viewpdf.html?id=7789). Esta norma, aplicada en exclusiva para el caso, fue derogada a los pocos meses.

TRES. La Contraloría había detectado una sobrevaloración del 100%, comparando los precios de la obra por kilómetro con los de otras obras en geografías y condiciones similares. Quien “levantó” este obstáculo fue Fernando Olivera, a la sazón embajador del Perú en España. Extraña tarea para un controvertido personaje. ¿Acaso la tarea se la dio Toledo? En una conferencia de prensa a los pocos días de firmarse el contrato de la Interoceánica, el díscolo Olivera afirmó que él mismo hizo la gestión para que el informe de la Contraloría fuese retirado y reemplazado por un nuevo informe, que dejaba de lado la observación de sobrevaluación. Dijo además que para ello había contado con el apoyo de Pedro Pablo Kuczynski, ministro de Economía. Este informe solo fue firmado por un funcionario de menor rango, pues el contralor Genaro Matute se negó a hacerlo.

CUATRO. Al ganar Odebrecht la licitación como postor único, gracias a las tres gestiones señaladas anteriormente y a maniobras que no se conocen con claridad (pero que dejaron fuera de competencia a otros eventuales postores), el 4 de agosto del 2005 se firmaron dos contratos de concesión: el de la Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, con las firmas de Jorge Barata por Odebrecht, José Graña Miró-Quesada por Graña y Montero, y Néstor Palacios Lanfranco como viceministro de Transportes; el de la Interoceánica Norte, obras y mantenimiento, con las firmas de Jorge Barata por Odebrecht, Ronaldo Alves por Andrade-Gutiérrez y Néstor Palacios Lanfranco como viceministro de Transportes. En el acto público realizado en Palacio de Gobierno para la firma de este contrato aparecen en primera fila, junto a los firmantes, Alejandro Toledo como presidente, Carlos Ferrero como primer ministro, Pedro Pablo Kuczynski como ministro de Economía, Marcial Ayaipoma como presidente del Congreso y Fernando Olivera como “facilitador” de trámites a favor de Odebrecht.

(ver http://rpp.pe/politica/actualidad/quienes-firmaron-los-contratos-mas-importantes-de-odebrecht-en-el-peru-noticia-1032766).

CINCO. Odebrecht estaba prohibida de contratar con el Estado desde 1999, debido a que tenía un litigio judicial pendiente de resolver con el Perú. El 26 de enero del 2006 se publica la ley 28670, propuesta 48 horas antes por la bancada oficialista. Esta ley declaraba inaplicable la prohibición de contratar con el Perú en ciertos proyectos de interés nacional, entre ellos la Interoceánica. Con ello se regularizaba la participación de Odebrecht, que ya había ganado la licitación y había firmado los contratos de concesión respectivos en agosto del 2005. Esta ley fue firmada por Marcial Ayaipoma y Gilberto Díaz a nombre del Congreso, Alejandro Toledo como presidente y Pedro Pablo Kuczynski como primer ministro,

(ver http://www.abogadoperu.com/peruano-fecha-20060126-pagina-4.php)

Cada uno de los firmantes y de los personajes visibles en la estructuración de esta secuencia delictiva nos deben una explicación. La permanencia de al menos uno de los obstáculos traía abajo toda la “operación”. El rol de Kuczynski en estos hechos es central. Su rúbrica aparece aquí, allá y acullá. Toledo nunca podría haber perpetrado esta secuencia sin el apoyo operativo de gente clave de su entorno. Es lógicamente imposible que Kuczynski no se haya percatado de la naturaleza torcida de esta secuencia. Tampoco es creíble que haya firmado sin darse cuenta, pues una persona de su nivel y experiencia no podría firmar ciegamente tan importantes documentos. Las evidencias son implacables. Kuczynski debe estar en capacidad de explicar satisfactoriamente su participación en este andamiaje delincuencial. ¿No puede o no quiere?

Darío Enríquez

 
Darío Enríquez
01 de marzo del 2017

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