El valor de la palabra

Sobre la parálisis de importantes proyectos mineros en perjuicio del país

En recientes declaraciones a un diario de circulación nacional, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, ha sostenido lo siguiente: “…En el Perú no hay inversiones mineras paralizadas…no hay ninguna inversión paralizada por alguna política de Gobierno…”. Permítasenos recordar que, tras la realización del Peritaje Internacional -al que irregularmente fue sometido el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Conga, aprobado con R.D. N° 351-2010-MEM/AAM, del 27.10.2010- y cuyos resultados fueron presentados en conferencia de prensa -en que participaron tres ministros de estado, Pulgar Vidal incluido- el Presidente Humala Tasso afirmó que el Proyecto Conga “…tendrá que seguir adelante…”.

Han pasado años sin que se cumpla la palabra ni se imponga la autoridad presidencial.  El Proyecto Conga no siguió adelante.

En el marco de su ofrecimiento, el Jefe de Estado fue enfático en señalar “…no puedo exponer al Perú al incumplimiento del estado de derecho. Hacer esto causaría un enorme daño a todos los peruanos…”. Sin embargo; el daño fue causado y la inexistencia del estado de derecho llevó al país a perder –como consecuencia del emblemático caso Conga- US$ 4800 millones de inversión; y la posibilidad de contar con US$ 2930 millones entre regalías y rentas.  Además de haber afectado 7 mil puestos de trabajo, 51 empresas comunales, que al momento del conflicto ya habían contratado por más de US$ 75 millones.  Todo ello fuera de la inversión social en las áreas de influencia minera como compromiso con la responsabilidad social empresarial (RSE).

En cuanto foro internacional ha participado, el Jefe de Estado ha sentenciado que “…el Perú respeta lo que firma…”, la realidad, empero, es otra. Los proyectos mineros paralizados son el más claro mentís.  A partir del proceder del gobierno, el país muestra inestabilidad jurídica y perfila –una vez más- incertidumbre para nuestro pueblo, que estimó que por fin tenía un futuro refulgente y un norte a seguir.   

Nuestra historia reciente nos muestra que el accionar de quienes se oponen a la inversión privada, y consecuentemente al desarrollo que devendría de la misma, inmoviliza a la institucionalidad y coloca contra las cuerdas a importantes niveles de gobierno.

Desde Tambogrande y Río Blanco (Piura) hasta Tía María (Arequipa); pasando por Quilish y Conga (Cajamarca) y Santa Ana (Puno), se cuentan al momento los proyectos mineros paralizados por la incontrolada conflictividad social, que superan los US$ 8 mil millones tan solo en inversión, sin contar la importante generación de riqueza que hubiera representado la puesta en marcha de éstos –conforme estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE)-, y que bien hubiera representado la dinamización de las economías de aquellas regiones y del país a partir de la creación de puestos de trabajo, formación de empresas locales, generación de impuestos, etc.  

En el Perú sí hay inversiones mineras paralizadas. Y las hay como consecuencia de la inacción del gobierno nacional y la permisividad del estado que, teniendo la obligación de salvaguardar el imperio de la ley y el orden, abdicó de la responsabilidad de demandar de todos los actores sociales el cumplimiento de sus compromisos, deberes y obligaciones.

La palabra tiene un valor fundamental cuando se cumple lo que a través de ella se ofrece; es generadora de fe, sólido relacionamiento y confianza.  Tuvo siempre un valor que equivalía a irrenunciable compromiso y garantía,  no honrarla fue siempre motivo de reprobación moral.  Empero, hoy la palabra ha perdido valor, como valor han perdido quienes debiendo imponer la ley han preferido dejar hacer y dejar pasar pretendiendo que con ello los conflictos habrán de resolverse, cuando en realidad lo que la inacción ha ocasionado es que el extremismo se luzca como si la Ley y la Historia estuvieran de su lado.

Por Fernando J. Peña Araníbar

24 - Jul - 2015