El TC contra la educación

Crítica a polémica sentencia que valida el intervencionismo estatal

Es evidente que uno no debe juzgar sobre la base de realidades personales que no se conocen. Pero es absolutamente tangible el desempeño académico de los estudiantes en cada centro de estudios. Coincido en que la formación universitaria es crucial y debe ser abordada por el Estado de una manera inteligente. Lo que no se puede es, bajo el argumento de la preservación de la calidad educativa, depositar en un aparato estatal ineficiente, la tarea de garantizar la calidad de instituciones que, en buena cantidad de casos, hacen mejor su trabajo que lo que el Estado jamás podría hacer.

Existen dos argumentaciones que uno debe observar con cuidado. La primera se expresa en la forma de “la universidad no hace el profesional”. Es cierto que buenos profesionales pueden graduarse de universidades “buenas” y “malas” y eso tiene mucho que ver con el desempeño y esfuerzo personal del alumno. Pero también es cierto que el papel que cumple la universidad incide de manera determinante en el tipo de profesional que tendremos.

Una universidad en la que los docentes creen en la estrategia fácil de ganarse la simpatía de sus alumnos “regalando” notas, es una universidad que poco o nada contribuye al desempeño profesional de las mujeres y hombres trabajadores del mañana. Tengo, de hecho, un absoluto desprecio –y lo digo de esta forma- por los profesores que aprueban a la ligera a los estudiantes como por los estudiantes que no tienen el menor reparo en invocar razones de cualquier índole para pedir “apoyo extra-académico”.

Este trabajo que debe desempeñar la universidad es esencialmente una tarea propia. El Estado parece creer que es bueno que las universidades fomenten la investigación o que las universidades se dediquen a innovar o que las universidades se dediquen a la responsabilidad social o lo que fuere. Pero sostengo que las universidades deben dedicarse a lo que quieran dedicarse. Las universidades tienen derecho a ser una porquería y las personas tienen derecho a estudiar porquerías.

De esta forma, no se puede concebir el papel que el Estado juega en la formación universitaria como una tarea de control y supervisión. Un burócrata no puede decidir por la universidad lo que debe ser ésta y tampoco puede decidir por el alumno. El desprecio personal que podamos tener por “malas formas” no puede llevarnos a apostar ciegamente en la regulación.

El Tribunal Constitucional ha emitido la que posiblemente sea una de las sentencias más perniciosas en su historia al validar un ejercicio fascista como lo es la Ley Universitaria. La “calidad” educativa, como sea que la concibe el Estado, tiene un costo que los estudiantes deberán pagar. Muchas veces, eso implicará que existan menos estudiantes y, con ello, menor disponibilidad de oferta educativa. No se puede salvaguardar la educación aniquilando la educación. El Tribunal Constitucional debe responsabilizarse por los destrozos previsibles que su decisión generará en el mercado educativo. Es fácil invocar derechos y retórica abogadil sin conexión con las consecuencias reales que se producen en nuestro mundo.

Por: Gustavo Rodríguez García