Funcionarios con vocación mediática

El protagonismo del contralor y del defensor del Pueblo

En una sociedad polarizada como la peruana (quizá el mayor mérito de la izquierda) suele suceder que algunos funcionarios pretenden robar cámaras y convertirse en protagonistas de la coyuntura. El caso del contralor Edgar Alarcón es el ejemplo paradigmático sobre cómo se pretendió cabalgar sobre la polarización. El burócrata que se hizo de la vista gorda en los casos de Tumbes, Cajamarca, Ancash y el Callao, y que cerró los ojos ante los contratos del Estado con las empresas brasileñas, pretendió erigirse en el campeón de la lucha contra la corrupción planteando un informe absolutamente irresponsable en el caso Chinchero. El desenlace ya lo conocemos, incluido el hecho de que la Comisión Permanente del Legislativo ha formado un grupo de trabajo que evaluará la permanencia del contralor en el cargo, luego de una montaña de denuncias que obligarían a cualquiera a renunciar.

Alarcón quiso jaquear al gobierno utilizando la polarización del Ejecutivo y el Legislativo. Si aparentemente no lo consiguió es porque los despropósitos cometidos por el hombre son indefendibles. Salvando las evidentes distancias, existen otros funcionarios que también navegan sobre la crisis política. El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, ya comienza a acostumbrarnos con sus permanentes reacciones en contra de la economía de mercado consagrada en la Carta Política, y con una especie de populismo y demagogia en defensa de los consumidores.

Recientemente, al igual que los congresistas, los ministros y otros políticos, Gutiérrez también condenó de facto en el caso de Pura Vida. En busca del titular y la entrevista —sin esperar los procedimientos establecidos en la ley y la Constitución— Gutiérrez dijo que la publicidad de este producto estaba “diseñada para engañar”. Pero eso no fue todo, el impetuoso defensor se cargó todo el sistema de defensa del consumidor y el modelo regulatorio que ha desarrollado el Estado en las últimas décadas, y que ha permitido organizar una economía de mercado y una sociedad en la que, por primera vez, existen millones de consumidores.

Gutiérrez como “líder de los consumidores” pechó al Indecopi y señaló que iba a evaluar de cerca el sistema regulatorio. No es de extrañar entonces que por allí aparezca un proyecto de ley para las tribunas —como la norma que castiga el acaparamiento en las situaciones de emergencia— y, en medio del clima de polarización, los políticos se rindan al aplauso de las graderías. El defensor ya tiene un rosario de declaraciones en contra de las empresas privadas, desde la telefonía hasta los demás servicios.

Mirando las cosas con la calma de un café sin horario, parece que el defensor tuviera un proyecto político guardadito por allí. La polarización y la crisis política perpetua llevan a muchos a creer que la presidencia es posible.

Esta situación es grave. En una economía que ralentiza el crecimiento, que posiblemente torne a aumentar pobreza y que se acerca al abismo de la recesión, la voluntad de demonizar al sector privado para coronarse como campeón de los consumidores es una tentación permanente. Desde las constructoras que venden departamentos hasta los servicios de energía y gas podrían caer bajo las estratagemas de un populismo para los consumidores.

En otras palabras, si las cosas avanzan por esa ruta, desde la Defensoría del Pueblo se podría estar alentando un nuevo populismo. Y si las cosas funcionaran —algo muy difícil—, en el acto, se podría a pasar a “la defensa del medio ambiente en contra de las inversiones mineras y en recursos naturales”. En otras palabras, se trataría de voltear el humor político y social de un país. En todo caso, a ponerle un ojo a los arrestos populistas del Defensor.

Víctor Andrés Ponce