Entre “la democracia plebiscitaria” y el golpe

Algunos colegas se alarman ante las aproximaciones que señalan que con el Gobierno de Martín Vizcarra ha comenzado a producirse una acelerada desinstitucionalización de la República, que puede terminar en alguna forma de golpe de Estado. Se frunce el ceño y se habla fuerte, invocando que no se utilice un término que solo agrava la situación. Gravísimo error, sobre todo en los bienintencionados, pero avezada actitud de quienes apuestan abiertamente por el cierre del Legislativo forzando figuras constitucionales.

Para ponernos de acuerdo, quizás podríamos señalar que la República ha ingresado a una etapa de “democracia plebiscitaria”. ¿Qué significa un concepto de este tipo? Que las relaciones entre las instituciones se establecen por el apoyo popular que registran las encuestas, y no por los procedimientos y reglas establecidas en la Constitución. Por ejemplo, el presidente Vizcarra presenta cuatro proyectos de ley y exige que sean aprobados en su integridad, e incluso pone los plazos. El Congreso, con abrumadora desaprobación en las encuestas, acepta la presión del jefe de Estado. Y lo hace no obstante que la Constitución excluye taxativamente al Ejecutivo del proceso de reforma constitucional y reserva esta prerrogativa solo para el Congreso. Vale anotar que en todas las democracias del planeta se excluye a los poderes ejecutivos de la reforma constitucional. De lo contrario surgirían Hitlers y Chávez que tomarían el poder a punta de referéndums.

Sin embargo, el Congreso aceptó y se allanó a las presiones del Ejecutivo. De lo contrario, el jefe de Estado hubiera buscado cualquier argumento para proceder a la disolución del Congreso. El resultado: el imperio de “la democracia plebiscitaria” o, como lo llaman los sociólogos e historiadores, la aparición del cesarismo. El líder que sobre las instituciones y la Carta Política organiza el Estado en base al apoyo de la plebe.

Pero Vizcarra y los asesores caviares (marxistas sin partido) que lo rodean no solo pretendían ganar en la coyuntura del referéndum y afirmar políticamente al Ejecutivo frente a los excesos del Legislativo. De, ninguna manera. La prueba es que, más allá de cualquier argumento, el propio Vizcarra exigió la renuncia de Pedro Chávarry de la Fiscalía de la Nación y se sumó a la feroz campaña que desarrollan los amigos de Toledo, Humala PPK y Villarán, algunos dueños de medios de comunicación, los grandes bufetes de abogados, y las ONG de izquierda en contra del señalado magistrado.

Un sector del país, pues, se cree con derecho para exigir salida del Fiscal porque las encuestas de Ipsos y GFK registran una extraña desaprobación contra Chávarry. El problema es que el jefe de Estado se suma a la presión y, de una u otra manera, se genera la sensación de que el Ejecutivo pretende seguir concentrando el poder. Ante semejante situación una mayoría legislativa —herida por la detención de Keiko Fujimori— reacciona y respalda sin vacilaciones a Chávarry.

¿Qué sucede luego de la decisión del Legislativo? En una República el asunto debería haber terminado, porque ya han hablado las instituciones en base a la Constitución. En una democracia plebiscitaria o en un régimen cesarista, el líder debe hacer valer su peso sobre las instituciones, con el apoyo popular. Ante la decisión del Congreso ha trascendido que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley para reorganizar el Ministerio Público y sacar a Chávarry. De lo contrario planteará la cuestión de confianza y procederá a cerrar el Legislativo. En otras palabras, el César quiere tener su propio fiscal.

Si alguien duda que la República peruana lentamente avanza hacia una salida excepcional o alguna forma de golpe de Estado es un ingenuo, carece de herramientas de análisis político o cree que los golpes del siglo XXI se hacen con tanques y fusiles. También podría suceder que el supuesto ingenuo esté jugando abiertamente por el golpe de Estado, porque es la única manera de mantener algunas prerrogativas.