¿Cómo bloquear a la mayoría?

La obsesión antifujimorista contra de Fuerza Popular

Ha trascendido que en el Tribunal Constitucional (TC) existiría una mayoría de magistrados que habría optado por declarar inconstitucional en parte la reforma del Reglamento del Legislativo que sanciona a los congresistas que abandonan la bancada parlamentaria por la que fueron electos con la imposibilidad de integrar otro grupo parlamentario, las comisiones dictaminadoras y la mesa directiva del Legislativo. Según esta versión, el TC apuntaría a reconocer el derecho a la disidencia que tienen los parlamentarios que no están sujetos a mandato imperativo.

Si las cosas van en ese sentido, entonces se viene una interesante discusión legislativa, un esgrima institucional entre el Congreso y el TC, porque sin necesidad de desacatar la resolución del mencionado Tribunal, el Congreso podría precisar en qué casos debe proceder la disidencia. Y, de una u otra manera, avanzaríamos a contemplar tensiones, precisiones y algunos puntos sobre las íes, entre un poder soberano (electo por el sufragio nacional) y un poder delegado (el TC), en cuanto a cómo debe interpretarse la Constitución con respecto al reglamento de la principal asamblea del Estado.

Sin embargo, el radicalismo antifujimorista ha comenzado a echar fuego y azufre señalando que cualquier tensión institucional al respecto podría convertirse en un golpe de Estado, en un zarpazo institucional contra el orden democrático. El delirio antifujimorista empuja a una forma de chambonada constitucional que nada tiene que ver con la realidad.

Pero, ¿cómo entender la densidad de las pasiones que desata este debate que se avecina? El antifujimorismo más cerril sigue en su voluntad de vetar la existencia de una mayoría legislativa del fujimorismo. Si esa voluntad hoy fuese mayoritaria la democracia estaría bloqueada, pero es evidente que ese antifujimorismo —al menos por ahora— está replegado a algunas columnas y editoriales periodísticos.

En la realidad actual, ¿qué significa vetar? En términos simples, convertir a la mayoría en una mayoría decorativa que se inhiba de ejercer sus prerrogativas políticas y constitucionales. Como parte de esa obsesión el antifujimorismo ha construido, más o menos, la siguiente interpretación: Fuerza Popular mantiene sus 72 congresistas gracias a la llamada “ley antitránsfuga”. Punto.

Si bien no se puede desconocer que la normatividad antitránsfuga juega un papel importante en la unidad de Fuerza Popular, una vez más el antifujimorismo no puede observar que el fujimorismo ha actuado en términos políticos con la suficiente prudencia y audacia para mantener unificado a un verdadero ejército parlamentario. De lo contrario, el Gobierno más errático de la reciente historia estaría tambaleándose antes del desplome.

Pero no solo se trata de aciertos políticos. En Fuerza Popular ha surgido un incipiente proceso de institucionalización que, por ejemplo, en la última elección legislativa relegó de la presidencia del Legislativo a los congresistas más cercanos a Keiko Fujimori. En otras palabras, cuando las pasiones arden, el humo impide la visión.

Ahora bien, ¿qué puede suceder en el fujimorismo luego de reconocerse el derecho a la disidencia parlamentaria? Es evidente que Kenji Fujimori formará su propia bancada, y si no lo hace Fuerza Popular debería obligarlo a hacerlo. El antifujimorismo cerril solo ve una ruptura —que, a entender del suscrito, sería mínima—, pero no logra divisar que el fujimorismo se desprendería de su lado más autoritario, que se sacudiría de todos los pasivos de los noventa. Alberto Fujimori sería el padrino de Kenji, mientras que el menor de los Fujimori estaría obligado a demostrar que tiene el nervio político necesario, más allá de los padrinazgos del padre o de la barra brava antifujimorista que lo alienta a meter cabe a su hermana. En todo caso, veremos.

 

Víctor Andrés Ponce