Sendero en San Marcos

Sendero Luminoso, con la careta Movadef, arremete en universidades públicas                               

La Universidad de San Marcos se ha visto obligada a suspender sus labores durante nueve días de este mes, para contrarrestar las acciones cada vez más violentas que realizan los activistas del Movadef -brazo político de Sendero Luminoso- en los claustros sanmarquinos. Lo que está ocurriendo en esa universidad es un escalamiento de la violencia igual al que se produjo en los 80 y comienzos de los 90, cuando SL tomó a sangre y fuego el control de los servicios universitarios y los utilizó para su “lucha armada”.

En aquellos terribles años, bajo amenaza de muerte a las autoridades universitarias, SL decidía en muchas universidades estatales quienes podían utilizar los comedores, las viviendas y el transporte estudiantiles. En 1991, asesinó en La Cantuta a la funcionarria Rosa Pretell, porque se negó a que esa banda imponga su voluntad en la residencia estudiantil. Dichos alojamientos fueron usados por SL para ocultar armas y propaganda y como refugio y centro de adoctrinamiento; además, los víveres de los comedores eran desviados a las cárceles para alimentar a los terroristas presos.

Los dramático de lo que vemos hoy en San Marcos es que aquella historia de terror amenaza con repetirse porque el estado no tiene hoy una estrategia integral contra el terrorismo y las universidades públicas están tan desprotegidas que inclusive carecen de instrumentos legales para impedir la penetración del Movadef. Peor aún, muchas de ellas han sido obligadas por el propio estado a admitir en su seno a los pro-terroristas. ¿Cómo hemos llegado a esta situación si en los 90 el Perú ya había derrotado al terrorismo en el campo y en las ciudades?

El rector de San Marcos, Pedro Cotillo, ha informado al respecto que la presencia del Movadef en esa data del 2003, cuando la cierta izquierda entronizada en el gobierno de Alejandro Toledo, junto con las ONG vinculadas a ella, liquidó las leyes especiales contra el terrorismo, y promovió y permitió desde el estado la excarcelación masiva de terroristas y también la reposición laboral de los que habían sido docentes, trabajadores y estudiantes universitarios. A ello se suma la ausencia o debilidad de los partidos políticos democráticos.

Por si fuera poco, la ley universitaria de 1983 no contiene en su texto disposiciones que prohíban las actividades pro-terroristas, y la actual tampoco, a pesar de la terrible experiencia vivida por el país durante dos décadas.

El gobierno nacionalista no tiene una estrategia antisubversiva. Lo único que hace al respecto es enviar tropas al VRAEM, mientras en el resto del país SL avanza a todo tren en reconstruir su organización penetrando universidades y otras instituciones sociales y del estado. SL jamás se ha arrepentido del daño que le hizo al país, pese a todo el dolor, muerte y destrucción que ocasionó con sus crímenes, y sin embargo, de unos 3,000 terroristas que fueron capturados en los 90, hoy siguen presos poco más de 300.

Casi 30 mil mártires de la democracia y la paz asesinados por culpa de SL es el costo que pagó el Perú por aquella locura asesina que empezó en las universidades estatales de los 70, cuando los senderistas agredían a golpes a las autoridades universitarias y capturaban así el control de los comedores, alojamientos y transportes, tal cual acaban de hacerlo esta semana en San Marcos.

Estamos advertidos. ¿Que harán el gobierno, los partidos políticos  y el Congreso al respecto?

19 - dic - 2014