Se busca desterrar el aporte privado a las campañas

En el referéndum de este 9 de diciembre una de las preguntas está vinculada al financiamiento de los partidos políticos y, entre las diversas medidas propuestas, están las restricciones al financiamiento privado de la propaganda electoral de los partidos políticos en radio y televisión. Si la reforma prospera entonces el  Estado financiará estas campañas mediante la franja electoral.

¿Qué significa una medida de este tipo? Que la democracia peruana se aleja de las prácticas y criterios constitucionales de las democracias más longevas del planeta en las que los sectores privados asumen el financiamiento de las campañas. En otras palabras, el Estado y los medios de comunicación tendrán mucho más protagonismo en los comicios nacionales y ya no la sociedad y los privados.

Si a esto le sumamos el hecho de que el fiscal, Domingo Pérez, pretende judicializar a los principales empresarios del Perú por haber aportado a la Confiep para desarrollar una campaña en defensa del régimen económico de la Constitución, amenazado por el programa de la Gran Transformación en el 2011, las cosas se complican. No obstante que gracias a esa campaña, Humala archivó el programa estatista y no obstante también que la Confiep ha entregado los recibos de los avisos en televisión, radio y prensa escrita el mencionado magistrado sigue en sus trece. El objetivo: escarmentar a los empresarios para que nunca más vuelvan a apoyar una campaña política e ideológica.

Pero no vaya a creerse que solo se pretende empoderar al Estado en el financiamiento de las campañas mientras se margina el aporte de los privados (hoy reducido aportes individuales hasta un tope, mientras se prohíbe participar a las personas jurídicas). No, también se pretende empoderar a determinados intereses extranjeros que, en muchos casos, buscan detener inversiones en el país para evitar la competencia de productos como el cobre y la agroindustria, por ejemplo, en los mercados globales.

Por ejemplo, de acuerdo a la ley 28094 -también llamada Ley de Partidos Políticos-, a la Ley 30689, y al Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, las personas jurídicas nacionales no pueden aportar el financiamiento de las campañas al margen de si son entidades con o sin fines de lucro. Increíblemente, las personas naturales extranjeras pueden contribuir a las campañas hasta 120 UITs. Y, por supuesto, se permite que las personas jurídicas sin fines de lucro extranjeras aporten a las campañas, más allá de que estas contribuciones destinados a formación y capacitación partidaria.

En este contexto surge la pregunta inevitable: ¿Por qué se restringe la participación de las personas jurídicas nacionales y se permite el financiamiento de personas jurídicas extranjeras? Es evidente que estas disposiciones en contra de la participación del sector privado buscan empoderar al Estado en base a los recursos de todos los contribuyentes y fomentar la participación de intereses extranjeros. El motivo: reducir las posibilidades de los partidos y propuestas que defienden democracia y la economía de mercado.

En otras palabras, la izquierda no solo ha logrado sobrerregular la economía a tal extremo que los más de 17 de tratados de libre comercio comienzan a ser insuficientes para promover las inversiones y exportaciones, sino que ha conseguido casi vetar el financiamiento de las empresas nacionales a las campañas electorales, tal como sucede en cualquier democracia desarrollada en el planeta.