¡Ni un minuto más! ¡Privados deben importar vacunas contra Covid!

Ante el avance de la pandemia y la letalidad, por el fracaso general del Estado en el desarrollo de una mínima política sanitaria –pese a la ingente cantidad de recursos con que cuenta–, es hora de que las familias, la sociedad y el sector privado inicien una cruzada nacional para evitar más muertes de peruanos. Nuestra Carta Política y las leyes nacionales señalan que todos los ciudadanos tenemos derecho a la vida y la salud, a través de las prestaciones públicas y privadas del sistema sanitario.

En el Perú, entonces, la Constitución y las leyes autorizan la plena posibilidad de que las familias, la sociedad y el sector privado importen las vacunas que el Estado no puede garantizar. La Ley 31091 –de diciembre del 2020-, “Ley que garantiza el acceso al tratamiento preventivo y curativo de la enfermedad por coronavirus SARS-COV-2 y de otras enfermedades que dan origen a emergencias sanitarias nacionales y otras pandemias declaradas por la Organización Mundial de la Salud”, en su artículo 4 establece que “la adquisición, distribución y disponibilidad y medicamentos de vacunas de coronavirus SARS-Cov-2 en el ámbito privado no podrá contravenir el artículo 234 del Código Penal”. 

El mencionado artículo del Código Penal señala que el “el productor, fabricante o comerciante que pone en venta productos considerados oficialmente de primera necesidad a precios superiores a los fijados por la autoridad competente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con noventa a ciento ochenta días-multa”.

Las cosas están claras. Los privados, entonces, pueden importar las vacunas dentro de la banda de precios que establezca el Estado. Cuando están muriendo miles de peruanos por falta de oxígeno y camas UCI, no es hora de discutir si el Estado tiene siquiera la mínima autoridad para establecer topes a los precios luego del escándalo de las vacunas. Que se proceda entonces. 

A diferencia de los burócratas comunistas y colectivistas, creemos que en la movilización del sector privado para la compra de vacunas, lo menos que interesa ahora es una tasa de rentabilidad. A diferencia de los estatistas, el sector empresarial necesita contener la pandemia, no solo para salvar vidas, sino también para evitar el colapso general de la economía. Si la destrucción del PBI continúa (en el 2010 cerca de -10% de PBI y déficit fiscal de 10% del PBI), no solo los pobres serán aniquilados, sino que se desatará una masiva quiebra de empresas y la destrucción del sector privado.

Contrariamente a la prédica comunista, el interés privado coincide plenamente con el interés de la nación, de los pobres y excluidos. Si las dudas persisten, aquí hay otra aproximación. Los seguros privados necesitan evitar los costosos y largos tratamientos frente al Covid, que llegan hasta la posibilidad de las camas UCI (cubiertos al 100%). La única manera de hacerlo es con la inmunización de sus asegurados y de sus familias. Las AFP necesitan preservar la vida de los aportantes para desarrollar cualquier estrategia previsional. El único camino pasa por inmunizar a sus afiliados y a sus familias.

Entre los seguros privados y las AFP del sistema privado de pensiones se suma más de 7.5 millones personas. Si se considera a los familiares (padres o esposa e hijos) tendríamos que multiplicar y hablar de compras privadas que superarían las 21 millones de inmunizaciones (42 millones de vacunas). En otras palabras, casi dos tercios de la población. No nos queda la menor duda de que las vacunas estarían en territorio nacional en pocas semanas y a mucho menor costo que las adquiridas por el Estado.

La pandemia caería dramáticamente en Lima, Ica, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura; se liberarían hospitales y camas UCI que, en el acto, se distribuirían a las zonas más golpeadas por el Covid. De otro lado, el plan de inmunización del Estado se podría focalizar en los sectores más pobres y marginados.

La estrategia de que el sector privado importe vacunas, entonces, permitiría que todos ganen en el Perú. El gran escollo de este objetivo nacional reside en el muro burocrático que han levantado los sectores colectivistas en la Dirección General de Medicamentos e Insumos y Drogas (Digemid, del Ministerio de Salud). Esta entidad se resiste a otorgar el registro sanitario de Astrazeneca, por ejemplo, no obstante que la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ya otorgaron los correspondientes registros. 

¿Por qué los químicos farmacéuticos del Perú creen que saben más que la FDA y la EMA? Nadie lo entiende, mientras que la muerte de peruanos por el Covid se multiplica. Lo mismo sucede con la vacuna Sputnik, autorizada por el Ministerio de Salud de la Federación Rusa.

El papel de la Digemid en la pandemia debe ser analizado. Por ejemplo, por trabas burocráticas, se restringe la importación de concentradores domésticos de oxígeno que podrían salvar miles de vidas ante el avance de la pandemia.

No hay un solo argumento para bloquear la importación de vacunas contra el Covid por parte del sector privado. El Ejecutivo debería utilizar la fuerza de esta impresionante movilización de la sociedad y los privados para gestar una alianza público privada para contener el Covid.