Ministerio de Salud contra industria alimentaria

¡Increíble, pero cierto! Ahora los ministerios, como cualquier federación universitaria o movimiento antiminero, convocan marchas contra normas y leyes aprobadas por el Legislativo. El Ministerio de Salud está convocando una marcha para el próximo martes 12 de diciembre, que se autoproclama “Marcha por la salud”, en defensa de la propuesta que busca etiquetar los productos de la industria alimentaria con los octógonos rojos prohibitivos. Cabe recordar que estos octógonos solo se utilizan en Chile y que han sido descartados en todos los países desarrollados, que tienen los mejores sistemas de salud y las esperanzas de vidas más altas.

En la convocatoria de la marcha se señala que “en el Perú, de la población de quince y más años de edad, el 53.2% padece de exceso de peso”. ¿Exceso de peso? ¿Qué extraño? En este portal creíamos que el principal problema en cuanto alimentación saludable era el hecho de que el 43.5% de los niños peruanos padece de anemia. Desde cualquier punto de vista la señalada marcha es un verdadero despropósito y la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, y el propio presidente del Legislativo, Luis Galarreta, deberían exigir que los burócratas izquierdistas del sector salud no utilicen de esta manera los impuestos que todos pagamos.

Los burócratas de izquierda del sector Salud pretenden que los octógonos prohibitivos —que alertan de los niveles altos de azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans, de los alimentos procesados, y que solo se aplican en Chile— representan la mejor opción para una alimentación saludable, no obstante que la obesidad se dispara en el vecino país del sur.

Pero eso no es todo, porque pretenden disfrazar sus estrategias anticapitalistas contra la industria alimentaria con un velo de academicismo. Y a pesar de que diversos estudios señalan que a más prohibiciones menos información y menos elección consciente de parte de los consumidores; tal como lo demuestra un estudio de la especialista en neuromarketing Liliana Alvarado, de la Universidad de Harvard, que acabamos de reseñar en este portal.

En El Montonero sostenemos que el Perú debería seguir el ejemplo de los países desarrollados, que aplican las recomendaciones del Codex Alimentarius —al que se han adherido 188 países—, que prioriza la información sobre la prohibición: las etiquetas de los productos deben informar para que el consumidor discrimine, y también se debe evitar que generen miedo. La sobrerregulación y las alertas prohibitivas solo causan rechazo y disuaden al consumidor de la información necesaria: por ejemplo, la diferencia entre consumir uno o dos vasos de yogurt diarios podría llevar de una ingesta saludable a una diabetes.

A primera vista es difícil entender por qué los burócratas del sector salud la emprenden contra la industria alimentaria, sobre todo considerando que la ingesta de productos procesados solo representa el 10% del total de la alimentación de los peruanos. Por ejemplo, un lomo saltado o cualquier fritura criolla vuela en sodio y grasas sin que exista una etiqueta prohibitiva. Peor aún si tomamos en cuenta la informalidad con que se desarrolla la oferta de alimentos en el país.

¿Cuál es la razón entonces de esta ofensiva anticapitalista contra la industria alimentaria? La respuesta no está en la salud sino en la ideología. En su estrategia de poder en general, la izquierda pretende apropiarse de las banderas de la defensa del medio ambiente, de los derechos humanos, de las cuestiones de género, y ahora de la defensa de los consumidores. Pretende hacer pasar la idea de que los consumidores tienen intereses contrapuestos y enfrentados a los de las empresas, como si fuese posible imaginar la existencia de una sociedad de consumidores al margen del mercado, la oferta y la competencia entre las empresas. Como parte de esta estrategia —de la misma manera que los antimineros o los activistas de derechos humanos— comienzan a surgir ONG financiadas desde el exterior que alientan este tipo de campañas.

Ante esta situación lo mínimo que puede hacer la Presidencia del Consejo de Ministros es ordenar que no se gasten los impuestos de todos los peruanos en marchitas promovidas por burócratas que desarrollan sus estrategias en función del sueño de la ONG propia.