La sexta elección sin interrupciones, más allá de los sobresaltos

La presidente Dina Boluarte –junto a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y la Oficina Nacional de Procesos Electorales– acaba de convocar a los sufragios nacionales del 2026, en los que se elegirá al nuevo jefe de Estado, a dos vicepresidentes, a los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado y a los representantes al Parlamento Andino.

La elección nacional es una de las más complejas de la historia del país, no solo por la balcanización y destrucción del sistema político –que se expresa en la posibilidad de más de 30 candidatos presidenciales– sino también por la gravedad de la erosión de las instituciones republicanas y la ola criminal que atraviesa y afecta a toda la sociedad y el Estado.

Sin embargo, vale recordar que la próxima elección será la sexta que se desarrolla dentro del cronograma establecido por la Constitución de 1993 y las leyes nacionales, más allá de que, desde el 2016, el Perú atraviesa por una polarización y convulsión política que han significado la presencia de seis jefes de Estado hasta la actualidad. Una de las mayores expresiones de inestabilidad en nuestra historia republicana.

Y vale señalar que las instituciones persisten no obstante también el golpe de Martín Vizcarra, que se materializó en el cierre inconstitucional del Congreso, el golpe de masas contra el gobierno constitucional de Manuel Merino y el intento de golpe fallido que perpetró Pedro Castillo.

Avanzamos también a la sexta elección sin interrupciones pese a que se vacaron tres jefes de Estado. Más allá de cualquier argumento es incuestionable que las vacancias se procesaron porque los tres mandatarios, de una u otra manera, quebraron el sistema constitucional. El mensaje democrático parece clarísimo: el jefe de Estado que fractura la Constitución se va.

Si analizamos las cosas desde el punto de vista de persistencia de las instituciones y del cumplimiento de los cronogramas constitucionales es evidente que se trata de una época de gran continuidad institucional, únicamente superado por la experiencia de la República Aristocrática (1895-2019). Sin embargo, considerando el nivel de participación ciudadana, la universalización del sufragio electoral y los derechos de propiedad para todos los peruanos, es evidente que el Perú vive su mayor experiencia republicana desde la independencia.

Por otro lado, más allá de cualquier golpe o intento de interrumpir el sistema constitucional, más allá de la crisis política endémica, los peruanos parecen haber entendido que el único camino viable es la reconstrucción o la construcción real del Estado de derecho. ¿Cómo así? Se ha evitado, se ha luchado con uñas y dientes, en contra del proyecto de la asamblea constituyente que proponían las diversas corrientes de izquierda. Una asamblea constituyente habría significado concentrar todo el poder institucional, todo el sistema de propiedad y todo el poder coercitivo del Estado en 100 o 200 constituyentes, el sueño de cualquier bolchevique de ayer y de hoy para crear un poder totalitario y estatizarlo todo.

Muy por el contrario, los peruanos parecen optar por preservar el poder repartido, el poder fragmentado, que hoy tienen el Ejecutivo, el Legislativo, el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República. Y desde esos poderes distribuidos, reconstruir el Estado de derecho. Un Estado de derecho no es sinónimo de la Constitución escrita, sino es la Constitución en movimiento, expresada en el poder de las instituciones que actúan en la sociedad y en el conflicto político.

Con esta nueva convocatoria a elecciones nacionales el Perú apuesta por reconstruir su sistema constitucional. Es el mismo camino que recorrieron las grandes democracias en los peores momentos de su historia y, desde la persistencia institucional, alcanzaron la libertad y el desarrollo.