La reconstrucción sigue en espera

El sector de agricultores del norte —que va al paro nacional agrario preventivo del 13 de mayo— demanda al Gobierno de Martín Vizcarra “impulsar el avance de la Reconstrucción con Cambios (RCC), con carácter descentralizado y previsión del riesgo. Asimismo, equipamiento para las comisiones y juntas de usuarios, con maquinaria y logística”. Más de 80,000 productores agrarios en el norte siguen afectados por la lentitud de la obras de reconstrucción. Como se recuerda, 140,000 hectáreas de terrenos cultivables fueron inundadas por los ríos durante el fenómeno de El Niño costero del verano 2016-2017.

En este contexto, ¿acaso no es ahora de contratar a una consultora internacional que empaquete los proyectos de la Reconstrucción con Cambios y se lance a licitarlos de cara al país, tal como lo proponen los especialistas? ¿Acaso no es hora de multiplicar los esfuerzos y el aporte privado para acelerar la reconstrucción?

Al respecto, José Beteta, presidente de la asociación Contribuyentes del Perú, ha señalado que solo en el 13% de las obras de descolmatación de los ríos se incluye la construcción de defensas ribereñas para evitar más adelante nuevas inundaciones. Señala, incluso, que esa información está siendo ocultada por las autoridades de la RCC. Beteta también afirma que el 16% de las obras corresponde al sector saneamiento y vivienda; y que en un principio debían estar en manos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero posteriormente fueron derivadas a los gobiernos locales, caracterizados por la falta de capacidades técnicas e incluso éticas.

A esta situación se suman los desastres del verano pasado en la sierra central y sur. Una represa construida en el río Opamayo (Huancavelica), usada también como puente peatonal, colapsó dejando incomunicadas a varias comunidades de la provincia de Lircay. En el distrito de Huachos (Castrovirreyna) los techos de dos colegios fueron dañados por los vientos huracanados. En uno de ellos, toda la estructura de madera fue destruida. En Churcampa y Acobamba, dos centros de salud se inundaron con agua y barro. En la provincia de Huarochirí (Lima), los huaicos afectaron a 31 familias. Y en la provincia piurana de Huancabamba, los desbordes y deslizamientos ocasionaron la muerte de tres personas y más de 15 viviendas dañadas. En la localidad de Aplao (Arequipa), el sistema de desagüe colapsó por las inundaciones que además dejaron ganado y animales muertos.

Si del total del presupuesto de la RCC —tal como se ha informado— en dos años solo se han entregado obras por el 5% (del avance del 13%), ¿con qué presupuesto el Ejecutivo plantea resolver los daños del verano último? Vale saber que hasta el momento numerosos pobladores habitan los módulos temporales, sin servicios básicos, que se instalaron en el desierto e incluso en las zonas siniestradas, sin que ninguna autoridad lo pueda impedir. Los damnificados indican que las casas que les prometieron no tienen cimientos. ¿Quién se hace responsable del avance de las obras? ¿Acaso la autoridad de la RCC, que cedió las obras a los gobiernos locales por presión política de las provincias?

Lo cierto es que las obras no avanzan por falta de presupuesto, capacidad técnica, idas y venidas en las decisiones, y demoras en la elaboración de los proyectos. Los 13 estudios considerados más importantes en el norte —administrados por el Programa Subsectorial de Irrigación (PSI)— estarán listos recién en julio próximo. Si el Estado fracasa en la reconstrucción, entonces ¿por qué no se convoca a una consultora o a compañías internacionales que se encarguen de relanzar el proceso? Nadie lo entiende.

El presidente de la República debe dejar de lado la confrontación política para gobernar y resolver las calamidades dejadas por las lluvias e inundaciones. ¡Pero ya!