En el mundo progresista todo es relativo, ¡hasta el Estado de derecho!

Las 42 lamentables muertes de civiles y los más de 300 heridos en la Policía Nacional del Perú (PNP), un efectivo trágicamente asesinado (y quemado con brutalidad), otros en estado de gravedad, han desatado un intenso debate en la sociedad sobre el uso legítimo de la fuerza y el respeto a los derechos humanos. Sobre el tema, las corrientes progresistas suelen relativizar todos los conceptos y las instituciones para defender el punto de vista de la facción. Los argumentos efectistas van de aquí para allá, y los impulsores del proceso insurreccional contra la Constitución y el Estado de derecho – es decir, los principales responsables de la muerte de peruanos– pretenden culpar de los trágicos desenlaces a nuestros soldados, policías y a quienes defienden la Constitución, el Estado de derecho y las libertades.

Para reflexionar sobre el tema vale preguntarse, ¿acaso puede existir democracia, puede tener vigencia una constitución o un sistema de libertades políticas y económicas, sin ley ni orden, sin autoridad democrática? Si algún progresista responde afirmativamente, nos gustaría que mencione un ejemplo histórico o un antecedente. Uno solo, por favor. Los progresistas mencionan el reciente proceso insurreccional en Brasil –que desde aquí condenamos con energía–; sin embargo, es evidente que la propia policía participó en el atentado constitucional.

Quizá para aterrizar en el debate, vale preguntarse, ¿qué deben hacer los soldados y los policías frente a una milicia que pretende destruir un aeropuerto, que asalta una comisaría o atenta contra el sistema energético nacional? ¿Cuál es la respuesta? Si se niega a las fuerzas del orden el uso legítimo y constitucional de la fuerza, entonces, ¿acaso se propone que los efectivos acompañen de cerca a las vanguardias a destruir los aeropuertos?

La defensa de “los derechos humanos”, que desarrollan las izquierdas latinoamericanas y peruanas, en realidad no apunta a defender la vida y las libertades, sino a bloquear el uso legítimo y constitucional de la fuerza para posibilitar el triunfo de la insurrección. Vale recordar que la mayor cantidad de muertos en este proceso insurreccional se han producido en los intentos de destruir los aeropuertos de Ayacucho y Juliaca. ¿Qué tiene que ver la destrucción de aeropuertos con “la legítima protesta” o con “una expresión del pueblo”?

La única manera de defender los derechos humanos y la vida hoy pasa por defender el Estado de derecho. Y el Estado de derecho constitucional está amenazado por la insurrección de vanguardias comunistas que pretenden instalar la anarquía para convocar una constituyente. Ya sabemos que, en la actualidad, cuando se quiebra el Estado de derecho sobreviene un régimen colectivista, en el que los derechos humanos ni siquiera existen como concepto: más de 100 millones de muertos en las experiencias comunistas del siglo XX y las tragedias de derechos humanos en Venezuela y Bolivia.

El progresismo es efectista en el debate, pero profundamente falso y carente de honestidad en los argumentos. ¿Cómo se puede denunciar la trágica muerte de peruanos sin señalar a los responsables directos? ¿Cómo se pretende denunciar la terrible muerte de peruanos denunciando a los soldados y policías que defienden el Estado de derecho? Estas interrogantes nos revelan que el triunfo del sistema republicano y la defensa del Estado de derecho en el Perú, de una u otra manera, se definirá en el debate de las narrativas sobre el uso legítimo de la fuerza y la defensa de los derechos humanos.

Ahora bien, las corrientes comunistas y progresistas, teórica y conceptualmente, se oponen al uso legítimo y constitucional de la fuerza pública. Y en ese camino deconstruyen y neutralizan a las fuerzas armadas y la policía nacional como parte de una estrategia de poder. Sin embargo, de tanto debilitar y demonizar a las fuerzas armadas y policiales y, en medio de un proceso insurreccional, en las poblaciones del sur ha comenzado a surgir un proceso de organización de la sociedad mediante el ejercicio directo y frontal de la autodefensa ciudadana. 

Cuando se fundaron las repúblicas en la antigüedad no había fuerza pública especializada y no existían los debates que ahora nos consumen. En ese entonces el pueblo estaba en armas, tal como ahora lo reconoce la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La autodefensa de las poblaciones del sur –que comienza a surgir– parece tener algo de esa vieja experiencia.