En Arequipa se juega un posible “bolivianazo”

Las dirigencias radicales, encabezadas por el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, iniciaron ayer el paro indefinido contra el proyecto Tía María y las demás minas del sur, contraponiendo minería y agricultura, y además exigiendo una nueva ley general de minería que establezca impuestos sobre el 80% de las utilidades. Desde muy temprano hubo hechos de violencia contra la propiedad pública y privada, con el objeto de amedrentar a la mayoría silenciosa que se opone al paro y la violencia. Más allá de la decisión del Ejecutivo de autorizar el apoyo de las Fuerzas Armadas a la preservación del orden en el puerto de Matarani, el Estado en general parece replegarse ante la violencia de las minorías.

En primer lugar, es necesario señalar que el Ejecutivo acertó cuando autorizó la presencia militar, porque la apertura del puerto de Matarani es un asunto de seguridad nacional. Finalmente, a través del mencionado puerto se exportan los minerales que se producen en el Corredor Minero del Sur y que representan cerca del 50% de la producción de cobre nacional. ¿Cómo así un Estado puede renunciar a preservar la producción que le agrega más de 1.5% al PBI? Cuando los congresistas comunistas del Frente Amplio y Nuevo Perú denuncian la supuesta militarización de Matarani, en realidad creen que la mayoría de peruanos es una masa de maniobra sin ideas propias.

Igualmente, vale detenerse en la escenificación que ayer desarrollaron los etnocaceristas y seguidores de Antauro Humala, en la que, supuestamente, se fusilaba al presidente Vizcarra. En este portal hemos levantando una trinchera en contra del proyecto autoritario del vizcarrismo, pero de ninguna manera vamos a contemporizar con esa escena en que supuestos soldados fusilan al jefe de Estado. De ninguna manera. El terror, el magnicidio, nunca han servido para defender las instituciones republicanas y la libertad. ¿Por qué el Ministerio Público todavía no ha detenido a los actores de esta escena de terror?

Y hablando de violencia e intentos de amedrentamiento. ¿Por qué los fiscales de Arequipa no han interpuesto denuncias contra los sectores y personas que desataron el primer día de violencia en Arequipa? ¿Por qué los procuradores del Estado y los respectivos fiscales no acusan por sedición al gobernador Cáceres Llica, quien ha estado amenazando con muertes si es que el Ejecutivo no retiraba la licencia de construcción del proyecto de Tía María?

En Arequipa no se está jugando un simple arequipazo que pretende bloquear un proyecto minero. En realidad, si vemos la convergencia de comunistas de todo tipo (hasta radicales y extremistas) en el primer día de huelga, es evidente que se trata de crear un escenario pre insurreccional para legitimar un camino a la boliviana.

¿Qué significa “una bolivianización” del sur del Perú? A semejanza de la estrategia que desarrolló Evo Morales para llegar al poder, el comunismo y el radicalismo intentan imponer “el camino de la calle”, de la acción directa de las masas, “del pueblo” —para utilizar un término recurrente en los discursos de Vizcarra— sobre la Constitución, la ley y las instituciones. ¿Qué significa algo así? Que la policía, los fiscales, los jueces, la sociedad civil y los privados comiencen aceptar resignadamente “el camino del pueblo”, al margen de que se pisotee la Constitución y las leyes. 

Cuando eso sucede, la espiral de violencia social se vuelve indetenible y, tarde o temprano, la turba lanzada por los comunistas  quedará enfrente de las fuerzas del orden, provocando a la policía hasta lograr una cuota de sangre. Es lo que sucedió en Bolivia. En ese momento toda la autoridad de las instituciones republicanas puede venirse abajo, y los referendos y los adelantos y cronogramas electorales pasarían a la agenda.

Por todas estas consideraciones, Cáceres Llica debe ser acusado de sedición y los violentistas deben ser acusados y detenidos por el sistema de justicia. Nadie puede oponerse al legítimo derecho de protestar, pero los comunistas pretenden hacernos creer que protestar significa bloquear carreteras y puentes, y estrangular la economía del país. En cualquier caso, el Ejecutivo, el Legislativo y las instituciones del sistema de justicia tienen la palabra para detener este intento de bolivianizar el sur del país.