Confinamiento destruye economía, aumenta pobreza y letalidad

El fracaso del sistema de salud, por problemas estructurales acumulados, y la imprevisión e ineficiencia del Ejecutivo han obligado al Gobierno a prolongar el confinamiento hasta fines de junio; más allá de que las sociedades emergentes e informales del país, simplemente, desde hace varias semanas han vuelto a trabajar para sobrevivir. Para ser justos con el análisis, es evidente que en la explosión de las infecciones del Covid-19 –que sobrepasan las 100,000 personas y ubican al país entre los diez más devastados por la pandemia– se han conjugado la ineficiencia clamorosa de las políticas del Ministerio de Salud (Minsa) y la informalidad creciente de la economía y la sociedad: más del 60%.

Los peruanos de buena voluntad no podemos pretender que se agrave el fracaso de la administración Vizcarra, porque representaría más sufrimiento para nuestro pueblo. De ninguna manera. Es hora de priorizar la estrategia comunitaria –atención y prevención en las postas locales contra el Covid-19–, desarrollar la inteligencia sanitaria, aumentar el número de pruebas moleculares (para establecer medidas de emergencia y cuarentena focalizadas), equipar los hospitales con equipos de protección especial y comprar respiradores. Sin embargo, es también la hora de reactivar la economía, que empieza a ser destruida por los fracasos en la contención de la pandemia.

Los economistas señalan que en este año la economía caerá entre 12% y 15%, que en las ciudades desaparecerán dos millones de empleos y que más de tres millones de peruanos se sumarán a los seis millones en situación de pobreza. En otras palabras, cerca de un tercio de la población no podrá consumir las calorías mínimas. Brutal. El hambre y la miseria pueden desatar una letalidad largamente superior a la del virus.

Por todas estas consideraciones es necesario reactivar a todo vapor, contra el tiempo. Sin embargo, el Ejecutivo, temeroso de la evidencia de su fracaso, ha establecido los llamados protocolos que son aprobados en cada sector y que, de una u otra manera, sobrerregulan y aumentan los costos de la economía hasta niveles impensables. A este paso toda la economía terminará volviéndose informal o, ¿acaso alguien pretende que todo el sector privado –grandes y chicos– colapse para luego empezar una ola de estatizaciones? Pero lo más grave de todo: los protocolos aprobados en cada ministerio deben tener el visto bueno final de los burócratas ideologizados del sector salud. Aunque parezca mentira, los mismos burócratas responsables de la ineficiencia de las políticas de salud deciden qué empresa cumple o no los protocolos de la reactivación. 

No solo se trata de que los protocolos sean inalcanzables para la mayoría de pequeñas empresas, sino que sin el menor criterio económico se comienza a ahorcar a las grandes empresas, que aportan el 85% de los ingresos del Estado. ¿Cómo puede ser? La reacción de las pymes evidentemente será incrementar la informalidad hasta el infinito. Si el Ejecutivo tuvo problemas para contener la pandemia en los sectores informales ahora tendrá más.

Es evidente que se deben regular los mercados de abastos y limitar las aglomeraciones, así como establecer medidas especiales para los mayores, pero no se pueden establecer protocolos que prescriben que los trabajadores del sector moderno deben guardar una distancia de dos metros. ¿Por qué? ¿Acaso el propio Jefe de Estado no habla de un metro como criterio de distancia social? ¿Cuántos empleos se perderán con ese criterio?

Asimismo, en la vigilancia de las sintomatologías del Covid-19 a la que se obliga a las empresas se incluye a los trabajadores que realizan trabajo remoto; es decir, el llamado teletrabajo. ¿Cómo entender esta medida? ¿Acaso el Minsa pretende que las empresas desarrollen las labores que los burócratas del sector no realizan? Igualmente se exige contratar una enfermera por un determinado número de trabajadores y un médico por otro mayor. Se plantea la locura de que por cada mil trabajadores se contrate un médico. En el agro hay empresas que contratan hasta 25 mil trabajadores por campaña; es decir, se requieren 25 médicos. ¿Las empresas se convierten en clínicas? De otro lado, ¿hay médicos en el Perú? ¿Acaso el Minsa no está promoviendo la llega de médicos cubanos? ¿Qué está sucediendo?

¿Por qué no se aprueba un protocolo general para las empresas que garantice la disminución del ritmo reproductivo básico (RO) del virus a menos de 1 y se procede a reactivar la economía con aquellas unidades que puedan cumplir los lineamientos? 

Como se aprecia, las sobrerregulaciones de los protocolos explican que muchas empresas comprendidas en la primera fase de reactivación no hayan empezado a producir. Todo está detenido. Los burócratas del Minsa no tienen la menor idea cuál es el papel de la economía, las empresas y el sector privado. Por momentos parece que todo fuese adrede, con objeto de liquidar la inversión privada.