Tragedia y corrupción en la frontera venezolana

Hace poco menos de tres años la encuestadora venezolana Consultores 21 –conglomerado independiente del chavismo, vinculado a publicidad y publicaciones especializadas– advertía a Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil y Argentina sobre la intención del 40% de venezolanos de escapar del país gobernado por el comunismo. 

Hoy, cerca de cinco millones de venezolanos viven en el extranjero. Huyeron de la pobreza y de las enfermedades sociales y físicas provocadas por el socialismo. Muchos de ellos con las cédulas (DNI) y pasaportes de origen vencidos, y sin los permisos temporales de permanencia de los países elegidos como sus nuevas residencias. Personas sin ciudadanía que no pueden volver a Venezuela por la falta de identificación vigente.   

Sin embargo, frente al fracaso y la desilusión por el paraíso soñado fuera de su país, la mayoría de migrantes venezolanos se resiste a volver. Con la pandemia de coronavirus las adversidades se multiplicaron para los migrantes en Perú. Miles de jóvenes sin preparación laboral y sin estudios se quedaron sin vivienda y sin trabajo. Viven en las calles, de la buena voluntad de las personas. La arboleda de la avenida Separadora Industrial, entre los distritos de La Molina y Ate en Lima, los cubre del frío en las noches. 

Días antes de Navidad, un grupo de jóvenes venezolanos de la zona popular de Ceres (en Ate) anunciaron su partida hacia Santiago de Chile en busca de mejores perspectivas. No fueron avisados sobre la frontera chilena cerrada para los venezolanos que intenten ingresar legalmente al país por Arica. Jonathan, uno de esos jóvenes, ha dejado de responder los mensajes y llamadas telefónicas de sus amigos. 

La mayoría de esos jóvenes, frustrados y con hijos en sus brazos, inició el éxodo multitudinario desde el puente Internacional Simón Bolívar, sobre el río Táchira, frontera entre Venezuela y Colombia, otrora punto de partida de autobuses hacia Quito, Lima, Santiago y Buenos Aires; y principal vía del 80% de las exportaciones colombianas hacia Venezuela. 

Para congraciarse con los militares, el gobierno chavista le entregó las fronteras venezolanas a la Guardia Bolivariana, originando una cadena de ilegalidades controladas por mafias relacionadas con las dirigencias comunistas. En este contexto, los exportadores de mercaderías de Colombia a Venezuela empezaron a padecer un vía crucis. Por un lado, tenían que pagar cupos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aliadas del chavismo; y ya dentro de la zona llanera, se debía sobornar a los militares venezolanos que controlan las fronteras. Un esquema delincuencial ideado por el socialismo con el fin de otorgarle “ingresos extras” a los militares.  

Hoy, el puente Simón Bolívar está cerrado. No obstante, las personas que todavía huyen del país hacia el sur cruzan la frontera por el río, y los pocos que pueden pagan cupos a los militares. Las mafias que controlan el puente internacional desarrollan toda clase de actividades ilegales relacionadas con el contrabando, la prostitución y el narcotráfico. Los “caleteros” –estibadores– pagan cupos para transportar mercadería procedente de Colombia. De otro lado, vehículos privados con “permisos especiales” cruzan el puente hacia Colombia varias veces durante el día, transportando combustible subvencionado por la “revolución” (tres veces más barato). 

“La revolución” también entregó la comercialización de combustibles a los militares para incrementar sus ingresos. Por esto y más, las armas venezolanas sirven para reprimir a la disidencia. Los controles del ejército, la policía y los comisarios motorizados se han consolidado. Por su lado, las mujeres venezolanas que viven –sumidas en la pobreza– en poblados cercanos al puente internacional, se dejan crecer el cabello para después venderlo a unos US$ 20.

No reconocer el mal cuando se le tiene cerca puede ocasionarle a Perú y Latinoamérica graves consecuencias, muy difíciles de remediar. Las candidaturas extremistas que ocultan sus verdaderos programas deben ser enfrentadas abiertamente. El Perú no puede equivocarse. Si tiene dudas, pregúntele a los cinco millones de venezolanos que huyeron de su país.