Reformas de Temer en el candelero

Gobierno brasileño empieza a desmontar Estado populista

Luego de acumular dos años seguidos de recesión (-3.8% del PBI en el 2015 y -3.6% del PBI en el 2016) y no obstante la desaprobación popular que enfrenta, el presidente de Brasil, Michel Temer, ha sorprendido al mundo lanzando audaces reformas económicas y sociales que apuntan a desmontar el tradicional estado populista y las políticas expansivas del gasto social. Privatizaciones de empresas públicas, reforma del sistema previsional y del régimen laboral parecen ser las claves. Si bien este año Brasil apenas crecerá cerca de 1% del PBI, el optimismo en los mercados parece contagiarse.

Una de las principales causas del estancamiento de la economía brasileña —junto al estatismo y el proteccionismo en general— es el déficit fiscal, que suma alrededor de 9% del PBI (según informes del Banco Central del Brasil) y que ha llevado a que la deuda pública se dispare a más del 72%. El Gobierno de Temer ha llegado a la conclusión de que el déficit fiscal no se solucionará administrando la crisis, sino a través de reformas estructurales.

El Gobierno brasileño, por ejemplo, está impulsando el segundo proceso de privatización de empresas públicas más importante de su historia. Alrededor de 57 empresas serán privatizadas: 14 aeropuertos, 11 lotes de líneas de transmisión eléctrica, 15 terminales portuarias, dos carreteras y varias empresas públicas, como la Casa de la Moneda (donde se producen los billetes y los pasaportes del país). Entre las más emblemáticas entidades del llamado “Estado empresario” a privatizarse está Eletrobras, una de las mayores empresas de producción y distribución de energía eléctrica de América Latina. Si el proyecto de privatizaciones resulta exitoso, el Estado Federal percibirá US$ 14,000 millones. Una suma fundamental para incrementar los recursos fiscales y un paso decisivo en la reducción del déficit fiscal.

Otra de las reformas audaces del gobierno de Temer es la del sistema previsional: se busca cambiar la edad de jubilación de los brasileños. Actualmente los hombres pueden dejar de laborar a los 55 años y a las mujeres a los 60. Con la reforma los hombres se jubilarían a los 65 años y las mujeres a los 62, mientras que los trabajadores del área rural podrán jubilarse a los 60 en el caso de los hombres, y 57 en el de las mujeres. No obstante existirá otra condición: que se aporte quince años como mínimo, pero los trabajadores que consigan una pensión completa deberán haber aportado al menos cuarenta años. El objetivo de esta reforma previsional es reducir el déficit en el sistema previsional por el incremento de jubilados frente a la evidente reducción de los trabajadores aportantes.

La reforma más polémica que impulsa la administración Temer es la llamada reforma laboral. Uno de los puntos más controversiales es el principio de que “lo acordado valga por encima de lo legislado”. Es decir, que las empresas y los trabajadores podrán llegar a pactos de acuerdo a la realidad económica de las compañías; incluso por encima de la legislación vigente. Esto significa una absoluta flexibilidad en el diálogo empresa-trabajador. De otro lado, la reforma laboral de Temer le aplica un golpe mortal al sindicalismo brasileño, que prospera a la sombra del Estado populista. Ya no existirá la contribución sindical obligatoria, que obliga a descontar un día de salario a los trabajadores para destinarlo a la organización sindical. A partir de ahora este aporte será voluntario. Asimismo las vacaciones se podrán dividir hasta en tres periodos, y podrán existir jornadas laborales de hasta doce horas (seguidas de 36 horas de descanso) sin exceder las 44 horas semanales.

Al margen de la situación política y social de la administración Temer, es incuestionable que el Gobierno brasileño está asumiendo las medidas necesarias y urgentes para enfrentar el estancamiento de la economía. Los resultados se empiezan a notar. En los primeros meses de este año el PBI aumentó 1% luego de ocho trimestres negativos.