Lula en el banquillo

En los gobiernos estatistas la corrupción resulta inevitable

El héroe del populismo latinoamericano y referente de la izquierda regional Inácio Lula Da Silva se sienta en el banquillo de los acusados por supuestos actos de corrupción. Un juez federal ha aceptado la denuncia contra el ex presidente de Brasil porque, según la investigación, se habría beneficiado de los sobornos de empresas estatales y privadas. La investigación federal también indica que el ex presidente brasileño recibió millones de dólares por parte de la empresa constructora OAS, así como un departamento y financiamiento para su campaña de reelección presidencial. De encontrársele culpable, el ex presidente brasileño podría pasar un máximo de cinco años en la cárcel.

Vale recordar que la red de corrupción alrededor de Petrobras se descubrió en el 2014 a través de la Operación Lava Jato. Aquella investigación, originada en el estado de Curitiba, descubrió una red de lavado de dinero procedente de la estatal brasileña, dirigida por políticos de confianza del Partido de los Trabajadores, en el gobierno desde el 2004. Se estima que entre el año 2004 y el 2012, el pago de sobornos y blanqueo de dinero fue superior a US$ 2,000 millones. El sistema funcionaba a través de Petrobras, que licitaba proyectos de infraestructura a empresas constructoras. Desde allí se transferían sobornos a empresarios y políticos.

Para proteger a Lula, y con el único fin de otorgarle inmunidad para evitar el proceso judicial, la ex presidenta Dilma Rousseff nombró —en medio de un escándalo— a Lula Da Silva como primer ministro. Esta decisión causó el cisma entre el Partido de los Trabajadores y el Partido Movimiento Demócrata Brasileño (PMDB), y la rápida salida de Rousseff a través de un proceso denominado impeachment.

Según la investigación, al ex presidente brasileño se le acusa por supuestamente ocultar patrimonio y también por lavado de dinero. Cinco empresas implicadas en desvíos de dinero de Petrobras habrían donado millones de dólares (más de cinco millones) al Instituto Lula, presidido por el ex jefe de Estado. Además, dichas empresas han pagado unos US$ 2.5 millones por las conferencias que Lula realizó en Brasil y el extranjero, y han comprado una vivienda  en la que el ex presidente reside actualmente.

Como se sabe, Lula Da Silva se convirtió en paradigma de la izquierda en esta región y muchos gobiernos sudamericanos se inspiraron en él. No obstante, allí donde el modelo coloca al Estado como centro del desarrollo y como dueño de las empresas “estratégicas”, la corrupción, tarde o temprano, se instala como un cáncer.

Si bien en un primer momento las políticas asistenciales y populistas del ex presidente lograron sacar a más de 40 millones de brasileños de la pobreza, ahora podemos ver la inviabilidad de aquellas políticas. El enorme estado asistencial quebró cuando los precios de los commodities cayeron en el mercado internacional. Según la firma brasileña Tendencias Consultoría Integrada (TCI), más de 3.3 millones de familias perderán entre el 2015 y 2017 la condición de clase media y retornarán a la pobreza. El informe explica que semejante retroceso se debe al alto índice de desempleo, los bajos salarios y los créditos limitados.

En el fondo, el ocaso de Lula es el ocaso del populismo brasileño. Esa farsa que sirvió de “ejemplo” para algunos países, incluyendo en el Perú durante el gobierno de Ollanta Humala.