¡Decreto estatista en la universidad!

Sobre una norma que impone una doctrina intervencionista en educación

Mediante un decreto supremo, y a espaldas del Congreso de la República, el gobierno nacionalista ha aprobado una nueva doctrina política educativa de corte claramente estatista, que ha sido maquillada con un supuesto interés en garantizar la calidad de la educación universitaria. Un asunto de tanta importancia, como es la aprobación de una política de estado en materia de educación, ha sido aprobado sin mayor debate político ni ciudadano, virtualmente entre gallos y medianoche.

Es lamentable que el excelente trabajo realizado por el Ministro de Educación al restaurar la meritocracia como eje de la educación pública quede desdibujado por este gravísimo error, que debería ser corregido por el Congreso de la República. El Decreto Supremo 016-2015.MINEDU, firmado por el presidente Ollanta Humala y refrendado por el ministro Saavedra, debe ser revisado cuanto antes por el Legislativo.

La política aprobada apunta a darle al estado un mayor control sobre la educación superior y a reducir a su mínima expresión la iniciativa privada en ese sector. Establece una suerte de filosofía estatista que consagra la educación universitaria solo como un servicio público, cuando la Constitución, en su artículo 115, señala claramente que: “Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas, conforme a ley”. Más claro, ni el agua.  

El decreto en cuestión asume además una interpretación singular de la autonomía universitaria, al señalar que ésta tiene por objeto únicamente “garantizar el libre proceso de producción, transmisión y difusión del conocimiento académico”, cuando en realidad es la facultad autónoma que tienen las universidades para gobernarse, gestionar sus recursos, aprobar sus programas de estudio, contratar profesores, etc.

Y también asume una versión sesgada e ideologizada de la problemática actual de la educación superior universitaria, al asumir que la causa de la baja calidad de aquella no es la ausencia o el fracaso del estado en el campo educativo sino la expansión de la inversión privada en educación.

Nadie podría negar que hay universidades privadas de baja calidad, pero también hay muy malas estatales y muy buenas privadas, por lo tanto resulta arbitrario cuestionar la iniciativa privada en la educación por el fracaso de algunas instituciones. Es obvio que este discurso apunta a justificar un mayor intervencionismo del estado y a quitarle protagonismo al sector privado en la educación.

Pero el DS 016-2015-MINEDU no es una norma aislada. Hay toda una voluntad política dirigida a marginar la iniciativa privada en la educación. Por ejemplo, el proyecto que propone que los institutos privados de educación superior se constituyan solamente a través de asociaciones civiles sin fines de lucro (ONG) y no mediante sociedades anónimas u otro tipo de empresas societarias. Esto es ilegal por discriminatorio e inconstitucional.

A todo ello hay que sumar el empeño del ministro Saavedra en imponer a toda costa un nuevo modelo de calidad educativa que empodera al burócrata antes que al ciudadano y que pretende liquidar el Sistema Nacional de Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), que ha logrado lo más difícil en ese esfuerzo: imponer una cultura de calidad en la comunidad educativa nacional.

Es una lástima que el MINEDU borre hoy con una mano todo lo bueno que hizo con la otra cuando restableció la meritocracia como eje de la carrera magisterial en el estado y cuando decidió mantener el Colegio Mayor Secundario Presidente de la República y replicar otros similares en las regiones del interior.