Que la segunda vuelta de las últimas elecciones nacionales fue ...
La reciente decisión del Gobierno de declarar de interés nacional la construcción de un puerto espacial en cooperación con la NASA ha vuelto a poner sobre la mesa el futuro de la industria aeroespacial peruana. Sin embargo, antes de pensar en lanzar cohetes, el país debería resolver una carencia mucho más elemental: el Perú sigue dependiendo casi por completo de satélites extranjeros para sostener sus comunicaciones. Resulta contradictorio aspirar a convertirse en un actor espacial cuando ni siquiera se dispone de un satélite propio de telecomunicaciones.
Las cifras reflejan con claridad esa dependencia. En 2020, el Estado peruano destinó aproximadamente US$ 21.7 millones al alquiler de servicios satelitales para 45 entidades públicas. En 2021 el gasto aumentó a US$ 34.9 millones y en 2023 superó los US$ 54 millones. Si esta tendencia continúa, durante los próximos quince años el país desembolsará alrededor de US$ 325 millones, un monto suficiente para financiar un satélite moderno de alta capacidad (HTS), junto con la infraestructura terrestre necesaria para su operación. En lugar de invertir en un activo estratégico propio, el Perú continúa financiando infraestructura extranjera.
El problema no es únicamente el monto gastado, sino la ausencia de una política nacional. Cada ministerio y organismo público contrata capacidad satelital por separado, desperdiciando economías de escala y manteniendo una dependencia tecnológica que se vuelve cada año más costosa. Diversos especialistas sostienen que un satélite nacional permitiría recuperar la inversión en apenas tres años gracias al ahorro generado por la sustitución de estos contratos y a la posibilidad de comercializar capacidad disponible a operadores privados.
La urgencia de esta infraestructura también responde a la realidad geográfica del país. A pesar de las inversiones realizadas en la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y en proyectos como Conecta Selva, más de 16,000 localidades rurales todavía carecen de acceso estable a internet. En extensas zonas de Loreto, Ucayali, Madre de Dios o Amazonas, las enormes distancias y la compleja geografía hacen extremadamente costoso extender redes terrestres convencionales.
Esta brecha digital tiene consecuencias directas sobre el desarrollo nacional. Miles de estudiantes continúan sin acceso adecuado a plataformas educativas; numerosos establecimientos de salud no pueden implementar sistemas permanentes de telemedicina; y pequeños productores rurales permanecen excluidos del comercio electrónico y de los servicios financieros digitales. La conectividad dejó hace mucho tiempo de ser un servicio complementario para convertirse en una condición indispensable para el crecimiento económico.
A ello se suma un aspecto pocas veces considerado: la seguridad nacional. El Perú enfrenta permanentemente terremotos, inundaciones, huaicos y deslizamientos que dañan carreteras, puentes y redes de telecomunicaciones. En estos escenarios, un satélite propio garantizaría comunicaciones permanentes para las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los hospitales y los organismos de respuesta ante emergencias. La infraestructura satelital constituye, por tanto, una herramienta estratégica para mantener operativo al Estado cuando colapsan los sistemas terrestres.
La experiencia regional demuestra que este objetivo es perfectamente alcanzable. Argentina desarrolló la serie satelital ARSAT; Bolivia puso en órbita el satélite Túpac Katari; y Brasil consolidó un sistema propio de comunicaciones espaciales para fortalecer su autonomía tecnológica. Ninguno de estos países entendió el satélite únicamente como un proyecto científico, sino como una infraestructura crítica para impulsar la conectividad, la competitividad y la soberanía nacional.
En el caso peruano, además, un satélite permitiría integrar de manera mucho más eficiente las redes ya existentes. La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, los proyectos regionales y la cobertura satelital dejarían de funcionar como iniciativas aisladas para convertirse en un sistema nacional de comunicaciones capaz de ofrecer mayor cobertura con menores costos operativos.
El impacto económico tampoco debe subestimarse. La disponibilidad de conectividad confiable facilita la digitalización empresarial, mejora la productividad agrícola mediante servicios de información en tiempo real, fortalece la educación virtual, impulsa la innovación y crea condiciones para atraer nuevas inversiones. En un contexto donde la economía mundial depende cada vez más de los datos y de la inteligencia artificial, disponer de infraestructura propia de telecomunicaciones constituye un factor de competitividad.
El Perú ya cuenta con instituciones especializadas, experiencia aeroespacial y una demanda pública suficiente para justificar un proyecto de esta magnitud. Lo que falta es voluntad política para convertir el gasto recurrente en inversión estratégica. Continuar pagando decenas de millones de dólares cada año por servicios extranjeros significa prolongar una dependencia tecnológica que limita la capacidad del Estado para planificar su propio desarrollo.
La discusión, por tanto, trasciende el ámbito de las telecomunicaciones. Así como el país necesita carreteras, puertos, aeropuertos o grandes proyectos de irrigación para impulsar su crecimiento, también requiere infraestructura digital propia. En el siglo XXI, la conectividad es un activo estratégico tan importante como cualquier obra física. Si el Perú aspira a consolidarse como una economía moderna y competitiva, un satélite nacional de telecomunicaciones debe dejar de ser una aspiración de largo plazo para convertirse en una prioridad nacional.
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