Gabinete de unidad y agenda urgente

El primer mensaje político del nuevo gobierno no será pronunciado el 28 de julio. Será la composición del gabinete. Antes de escuchar promesas, el país observará los nombres, las trayectorias y las calidades morales de quienes asumirán la conducción del Estado. Allí se sabrá si la  presidenta ha comprendido la naturaleza del mandato recibido.

Keiko Fujimori ganó la segunda vuelta por una diferencia mínima de 49,641 votos y en la primera obtuvo el 17.19% de los votos. El resultado le otorga legitimidad electoral, pero no una mayoría social propia ni un cheque en blanco. Recibe un Perú dividido, desconfiado y agotado por años de inestabilidad. Su primer deber es reconocer esa realidad y gobernar más allá de Fuerza Popular.

Fujimori ha anunciado un gobierno abierto, tecnocrático y de unidad. Es una decisión de sentido común, pero deberá pasar de las palabras a los hechos. El Perú necesita un gabinete plural,  integrado por distintas experiencias políticas, profesionales, sociales y territoriales. Sin embargo, esta amplitud no puede significar reparto de cuotas ni reconciliación puede convertirse en impunidad. Un aspecto transversal no negociable es la probidad. Necesitamos sanear nuestra función pública y recuperar la confianza en el Estado.

La fórmula debe ser clara: un gabinete plural, capaz y probo. La pluralidad le dará representatividad; la capacidad, eficacia; y la probidad, autoridad moral. Si falta cualquiera de las tres condiciones, el experimento fracasará. Un gabinete amplio pero incompetente será incapaz de gobernar. Uno técnicamente brillante, pero cerrado sobre un solo grupo, profundizará la división. Y uno plural y experimentado, pero contaminado por la corrupción, nacerá sin credibilidad. Después de conformar ese equipo comienza la agenda del día siguiente. No puede ser una relación interminable de promesas, sino una concentración rigurosa en las emergencias que están destruyendo la vida cotidiana.

La primera es la seguridad. El crimen organizado, la extorsión, el sicariato y el control territorial de las bandas son una amenaza. Transportistas, comerciantes, pequeños empresarios, colegios y familias viven bajo intimidación. El gobierno tendrá que poner en acción la inteligencia policial, la coordinación fiscal y judicial, el control penitenciario y la presencia territorial. No bastarán nuevos estados de emergencia ni operativos espectaculares sin continuidad. Se necesitan responsables identificables, metas mensurables y rendición pública de resultados.

La segunda emergencia es la salud. El enfermo no puede esperar a que termine la transición política. Hospitales saturados, falta de medicamentos, largas demoras y servicios fragmentados expresan no sólo escasez de recursos, sino fallas profundas de gestión. Encontramos pacientes en pasillos, esperas de más de doce horas, equipos inoperativos y desabastecimiento de medicamentos. La Defensoría ha advertido que estas carencias ponen en riesgo el derecho a la salud de millones de peruanos. El nuevo gabinete deberá presentar un plan inmediato de atención primaria, reducción de listas de espera y articulación entre el Ministerio de Salud, EsSalud, las sanidades y los gobiernos regionales. La salud es el primer territorio visible de un Estado que se preocupa de las personas.

Y en la economía. El Perú necesita confianza, inversión y empleo, sin confundir estabilidad macroeconómica con bienestar general. Luis Carranza al frente del equipo económico transmitirá experiencia y previsibilidad. Fue ministro de Economía durante el segundo gobierno de Alan García y da tranquilidad, aunque nadie reemplaza una estrategia capaz de destrabar proyectos, impulsar a las pequeñas empresas, reducir la informalidad, mejorar la infraestructura y convertir el crecimiento en oportunidades concretas. Es un trabajo en equipo.

Estas tres prioridades deben estar atravesadas por una sola condición innegociable: la honestidad. La corrupción nos destruye desde dentro. Si penetra la seguridad, protege a las mafias. Si captura la salud, convierte medicamentos y hospitales en negocios. Si invade la economía, transforma la inversión pública en reparto y privilegio.

Por eso, la selección de ministros debe incluir una revisión rigurosa de antecedentes, intereses, conflictos y relaciones. No basta con que alguien no tenga una sentencia. El estándar de un gobierno que busca recuperar confianza debe ser más alto: independencia, transparencia y conducta pública irreprochable. La probidad no es un adorno discursivo; debe convertirse en método de gobierno.

El nuevo poder recibirá instituciones debilitadas y una población sin paciencia. No tendrá un largo periodo de gracia. Sus primeros actos determinarán si comienza una etapa de reconstrucción o si se repite el ciclo de improvisación, confrontación y caída. No queremos ese círculo vicioso.