Tía María debe convertirse en el motor de la economía arequipeña

Todos sabemos que la minería ha sido siempre una de las actividades más importantes para la economía peruana. Y por eso precisamente el Gobierno de Pedro Castillo –con Perú Libre y el Movadef– en su afán de detener la economía y aumentar la pobreza en el Perú, se convirtió en el principal enemigo de la minería. No solo alentó asaltos a campamentos mineros, incluso llegó a cerrar ilegalmente cuatro minas, aunque tuvo que retroceder. Por eso resulta alentadora la actitud mostrada por la presidente Dina Boluarte, quien a una pregunta sobre los conflictos en el corredor minero del sur respondió: “Sobre la violencia no podemos conversar, cuando se grita no nos escuchamos; pero si nos sentamos en una mesa para tejer esos puentes de diálogo vamos a poder entendernos y trabajar”. 

Hay muchos proyectos mineros que ya han cumplido con todos los requisitos técnicos y procedimientos requeridos por ley, y cuyo desarrollo solo espera el visto bueno de los pobladores de la zona de influencia. Uno de los más importantes de esos proyectos es Tía María –ubicado en la provincia de Islay, en la región Arequipa– que representa una inversión de US$ 2,000 millones, y que está destinado a convertirse en uno de los principales motores de la economía arequipeña. Tía María producirá cerca de 120,000 toneladas métricas de cobre (TMC) anuales, aportará al país más de S/ 300 millones en canon y regalías, y generará más de 9,000 empleos en su zona de influencia.

El proyecto Tía María ha cumplido estrictamente con todas las exigencias impuestas por el Estado, y cuenta ya con todas las autorizaciones requeridas, incluyendo a la llamada “licencia social”. No hay, pues, ningún obstáculo para el inicio de la fase de construcción. 

A diferencia de la mayoría de los proyectos del sur del Perú, Tía María está ubicado en un desierto, al nivel del mar. Por eso los antimineros no le pueden hacer los consabidos cuestionamientos, como el de estar en una de las mal llamadas “cabeceras de cuenca” (es decir, a más de 3,000 m.s.n.m.) ni cerca de zonas dedicadas a la agricultura. Además, la mina está de alguna manera “confinada” naturalmente, rodeada de un entorno de rocas impermeables.

Más aún, la empresa concesionaria, Southern Perú, le ha propuesto al Gobierno cambiar la planta de desalinización, que formaba parte de la propuesta original (y cuyo costo era de US$ 100 millones) por la construcción de la represa de Paltiture (con un costo mucho mayor). Según la propuesta original, la planta de desalinización proveería de agua potable tanto al proyecto como a las comunidades vecinas; pero la represa de Paltiture significa una mucho mayor contribución para la agricultura regional.

“La represa tendrá una capacidad de almacenamientos de 73 millones de metros cúbicos, de los cuales la compañía usará menos de 10 millones de metros cúbicos. Los 63 millones remanentes serán para el uso de la comunidad… la compañía considera que aumentando el suministro de agua generará beneficios más palpables para las comunidades locales”, explicó Southern Perú en el comunicado en el que hizo pública esta propuesta. 

Hay que añadir que Southern Perú también ha estado trabajando muy activamente en el frente social. Gracias a ello ha generado espacios para fomentar el diálogo y alcanzar consensos y acuerdos con los pobladores de la zona de influencia del proyecto minero; acuerdos que la empresa está cumpliendo estrictamente. Además, Southern apoya directamente una gran variedad de iniciativas de las propias comunidades, y brinda capacitaciones técnicas a los pobladores, tanto en actividades mineras como agrícolas y de otros tipos.