Semana crucial para Las Bambas y la minería nacional

En las siguientes horas podría romperse “la tregua” –así se llama en el Perú, como si estuviésemos en un escenario de guerra– que han otorgado las comunidades y sectores que “dialogan” con la empresa Las Bambas alrededor de ciertas demandas. La mencionada tregua se produjo luego del reciente asalto y bloqueo del campamento minero por sectores de las comunidades de Fuerabamba y Huancuire. Luego de estos hechos, Las Bambas acumuló cerca de 500 días de paralizaciones desde el inicio de la operación minera. ¡Increíble!

¿Por qué se rompería la tregua? Porque la dirigencia del radicalismo antiminero y los abogados asesores pretenden incorporar a las negociaciones diversos temas no contemplados en la última acta de negociación: se estableció que se iba a revisar el cumplimiento de los acuerdos; no que se iba a discutir nuevos, tales como la compra de tierras para las comunidades, incremento de los salarios y otras demandas. A estas alturas es evidente que el radicalismo tiene una estrategia: romper el diálogo para volver a crear el caos social y aumentar las posibilidades rentistas sobre la base de una “negociación” que viola la Constitución y las leyes. 

Semejante estrategia del radicalismo antiminero solo es posible porque el Gobierno de Pedro Castillo ha abandonado cualquier principio de autoridad en las regiones mineras: la Policía Nacional del Perú (PNP) y las autoridades, simplemente han abandonado sus responsabilidades. Y por otro lado, las instituciones del sistema de justicia no cumplen con los mandatos de la Constitución y las leyes en cuanto a investigar a los violentistas y los promotores de la destrucción de la minería.

En Canadá, Australia o cualquier otro de los países con los que el Perú compite para atraer inversiones mineras, se preguntarán, ¿cómo es posible que Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grande del mundo, se halle en esta situación? ¿Cómo es posible que una inversión de US$ 10,000 millones, y la principal explicación de que la pobreza en los 84 distritos de Apurímac se reduzca del 60% de la población a debajo de 40%, se encuentre en esta crisis?

En un artículo anterior hemos señalado que diversas proyecciones señalan que entre el 2016 y el 2022, por concepto de canon y regalías, Las Bambas llegarán a transferir cerca de S/ 1,858 millones, una suma que representa casi todo el proyecto de inversiones del Gobierno Regional de Apurímac. Asimismo, los mencionados aportes de canon y regalías proyectados, representan tres veces el presupuesto del programa Pensión 65, más de cinco veces el programa Juntos, casi seis veces el programa de Provías Descentralizado y más de once veces el programa Cuna Más.

Volvemos a preguntarnos, ¿cómo es posible entonces que el Estado haya abandonado a una empresa minera que representa el 1% del PBI, el 9% del PBI minero y cerca del 75% del PBI de Apurímac? ¿Cómo un grupo de dirigentes pueden quebrar la Constitución y las leyes para imponer una negociación ilegal?

Acaso no se entiende que, si la estrategia del radicalismo antiminero y de los abogados asesores se impone en Las Bambas, no solo se destruye el futuro de la región Apurímac, sino que se pone en cuestión el futuro de la minería moderna y del Perú. ¿Quién se va a atrever a invertir en el país si minorías radicalizadas de no más de 300 personas –pero muy bien organizadas– se imponen sobre la Constitución, las leyes y el Estado democrático?

Es hora de que la situación de Las Bambas y de la minería nacional se convierta en un asunto de debate nacional, porque la minería es vital para el crecimiento y porque el crecimiento es la única garantía para que no aumente la pobreza, y una de las condiciones centrales para defender la Constitución y las libertades.