Restricciones al uso de leche en polvo y la defensa de los consumidores

Las empresas de la industria láctea nacional se verán obligadas a acatar el Decreto Supremo 004- 2022 del Ministerio de Desarrollo Agrario, que prohíbe el uso de la leche en polvo en la elaboración de leche evaporada, porque diversas instituciones no asumen su responsabilidad. Por su lado, Leche Gloria S. A. presentó en abril pasado una acción de amparo en contra del mencionado decreto arguyendo principios de defensa de los consumidores, la libertad de empresas y, en general, el funcionamiento de los mercados. Al lado de la acción de amparo presentó una medida cautelar que fue rechazada por el Poder Judicial.

De esta manera el mencionado decreto supremo comenzará a regir en los próximos días. ¿Por qué el decreto que prohíbe el uso de la leche en polvo es una medida en contra de los consumidores y que solo favorece a una coalición de empresarios ganaderos con contactos en el Gobierno? No existe ningún criterio científico para restringir el uso de leche en polvo en la producción de leche evaporada. La leche en polvo es simplemente leche deshidratada; es decir, es leche sin agua. Apenas se mezcla este producto con agua restablece todas las vitaminas, grasas y nutrientes, que contiene la leche fresca.

Ahora bien, ¿por qué mencionamos que estamos ante un decreto que ignora la situación de los consumidores, sobre todo las madres gestantes y los niños de menores recursos? En el Perú la producción de leche fresca logra abastecer el 70% de la demanda nacional mientras que el 30% restante debe ser atendida por la leche en polvo importada. Por otro lado, vale indicar que el 50% de la producción de leche fresca nacional es comprada por la industria láctea (Gloria, Laive y Nestlé), mientras que el 50% restante es adquirido por las micro, pequeñas y medianas empresas de lácteos en Cajamarca, Huancayo, Puno y otras regiones.

La prohibición del uso de leche en polvo en la elaboración de leche evaporada, entonces, en el acto elevará los precios de toda la industria láctea nacional, por la sencilla razón de que la leche fresca nacional costará más por el artificio de un decreto del Estado. De esta manera una coalición de ganaderos elevará sus ganancias sin producir más, sin elevar su productividad.

Por otro lado, prohibir un producto importado para favorecer a uno nacional en contra del interés general de los consumidores y sin ningún criterio científico, atenta contra los principios establecidos en la Constitución y los 22 tratados de libre comercio firmados por el país, que establecen que no de discriminarse los productos extranjeros a favor de los nacionales. El decreto del Midagri entonces abre la puerta para que el viejo mercantilismo de los años ochenta regrese con todas sus mayúsculas y minúsculas.

Una de las medidas que atenta más contra el derecho de los consumidores y la salud en general tiene que ver con que el mencionado decreto suspende los controles microbiológicos de la leche fresca hasta el 31 de diciembre del 2026. ¿Cómo se entiende una medida semejante? Según las propias cifras del Midagri en el país existen 6,500 plantas de derivados lácteos, pero solo 660 están formalizadas.

¿Cómo se va evitar entonces que la industria láctea se exponga a patógenos? Como todos sabemos, la producción de leche fresca sin control genera bacterias tales como Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, entre otras, que causan infecciones de gravedad, sobre todo en las madres gestantes y los niños.

Planteadas las cosas así, una de las preguntas que emerge tiene que ver con la pasividad del Congreso –o para ser más precisos, de la mayoría del Legislativo que defiende la Constitución– con varios decretos del Ejecutivo que modifican abiertamente el modelo económico, tales como los decretos laborales y el que restringe el uso de la leche en polvo. El Legislativo debería derogarlos sobre la marcha.