Días atrás en el distrito de Haquira –en l...
La decisión del gobierno de Pedro Castillo de restringir el uso de la leche en polvo en la elaboración de la leche evaporada, con el objetivo de favorecer a los grandes ganaderos, es una devastadora noticia para los millones de consumidores del Perú, sobre todo los niños más pobres. Favorecer a una coalición mercantilista en detrimento de los consumidores siempre será una fuente mayor de pobreza.
Como ya hemos informado, el Decreto Supremo N°004-2022-Minagri (que modifica el Reglamento de la Leche y Productos Lácteos), desde octubre próximo, prohibirá el uso de la leche en polvo para elaborar leche evaporada. Considerando que la producción de leche fresca abastece el 70% del mercado nacional y que el otro 30% se atiende con leche en polvo importada, es incuestionable, que semejante restricción subirá los precios en el acto. Considerando, además, que el 50% de la leche fresca es comprada por pequeños y medianos productores de lácteos de Cajamarca, Huancayo, Puno y otras áreas andinas, los precios de la leche evaporada se volverán inalcanzables para las familias pobres.
Pero no solo se trata de precios. Una noticia realmente inaceptable para cualquier ciudadano: el artículo 2 del mencionado Decreto Supremo establece que se suspenden las especificaciones microbiológicas para el control de la leche cruda y que dicha suspensión se prolongará hasta el 31 de diciembre del 2026. Asimismo, el mencionado decreto señala que, durante la suspensión de los controles microbiológicos, el Minagri se encargará de acompañar a los productores de leche para alcanzar los estándares requeridos. ¿Alguien cree que el sector Agricultura estará en condiciones de desarrollar esta labor? Contemplando el desgobierno general de la administración Castillo “el acompañamiento” se convertirá en un saludo a la bandera.
Con la suspensión de los controles microbiológicos no solo se afectará la producción de leche evaporada sino también la de productos derivados, tales como quesos, mantequillas artesanales y yogures. Las enfermedades que causará la suspensión de controles liquidará la producción artesanal de lácteos, muy importante en la economía nacional.
¿De qué enfermedades hablamos? De unas muy graves que pueden causar infecciones urinarias, neumonías, diarreas, entre otras. Como todos sabemos, la presencia de patógenos en la leche fresca sin control microbiológico puede implicar infecciones mediante bacterias tales como la Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, entre otras.
Como se aprecia con absoluta claridad, una política destinada a favorecer a una coalición de ganaderos con buenos contactos en el Gobierno puede terminar creando un problema general de salud pública en el país. ¿Qué familia peruana no ha consumido productos lácteos artesanales? Por otro lado, las infecciones por lácteos artesanales, simplemente, pueden liquidar el emprendimiento de miles de pymes de lácteos.
Estamos, pues, ante una de las conocidas políticas mercantilistas: se beneficia a un sector de ganaderos que pretende aumentar sus ganancias sin incrementar productividad ni invertir, y se afecta a millones de consumidores, sobre todo a las madres gestantes y niños de los sectores menos favorecidos.
Planteada las cosas así, cabe preguntarse, ¿cuál es el argumento válido para restringir el uso de la leche en polvo? Nadie lo sabe. Finalmente, la leche en polvo es leche natural deshidratada, es una leche que conserva todas las grasas y proteínas de la leche natural, pero sin agua. La leche en polvo es leche sin agua que, cuando se vuelve a mezclar con el agua, vuelve a su estado anterior. La leche en polvo es un invento valioso de las sociedades industriales para incrementar la productividad de la industria láctea.
¿Por qué entonces el Ejecutivo se atreve a legislar en contra de las mayorías nacionales? Algo más. El terrible decreto del Minagri que comentamos viola los principios de libre comercio establecidos en la Constitución y los 22 tratados comerciales internacionales firmados por el país.
Por todas estas consideraciones el Congreso debería proceder a derogar en el acto el mencionado decreto supremo.
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