Repetirlo sin cesar: ¡relanzar la inversión privada para reactivar!

El plan de reactivación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha desatado un interesante debate entre el Banco Central de Reserva y el propio MEF sobre las posibilidades de crecimiento de la inversión pública en el próximo año. En el sector Economía se proyecta que la inversión pública se expanda en 4.5% en el 2023. Sin embargo, en el BCR se sostiene que la inversión pública crecerá cero, sobre todo, por el cambio de gobernadores y alcaldes luego de la elección de este domingo. En el sector privado las proyecciones sobre la inversión pública son más pesimistas: se habla de una caída de más de cinco puntos.

Sin embargo, nos negamos a abordar el debate en los marcos estrictos que propone la izquierda económica. Ni siquiera logrando una expansión de 4.5% de la inversión pública –como sostiene el MEF– se lograría enrumbar al país por el camino de la reactivación y la creación de empleo suficiente para seguir reduciendo la pobreza en el país. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la inversión privada representa el 80% del total de lo que se invierte en el Perú. De esta manera, si no hay nuevas inversiones privadas, el crecimiento se ralentiza y no se podrán crear empleos suficientes para absorber la demanda de empleo de los cerca de 300,000 jóvenes que, cada año, se incorporan a la economía nacional.

Ahora bien, cuál es la razón de las proyecciones pesimistas sobre el crecimiento de la inversión privada, que nos señalan que este año crecerá cero y el 2023 se desplomará. Es evidente que son los anuncios del Gobierno acerca de promover una asamblea constituyente y de fomentar las nacionalizaciones. Si bien estas propuestas no se han implementado por la resistencia nacional, simplemente han destruido la confianza en el Estado del sector privado y de los mercados en general.

Luego de estas propuestas, en el Ejecutivo se promulgaron los decretos laborales del Ministerio de Trabajo (MTPE) que eliminaban la tercerización laboral y promovían la organización de sindicatos en fábricas, ramas y grupos empresariales, y liberalizaban en extremo el derecho de huelga, con el objeto de convertir el mundo de trabajo en un escenario de guerra de clases. Luego de la promulgación de los decretos del MTPE, el sector privado se retiró del Consejo Nacional del Trabajo e, incluso, la Organización Internacional del Trabajo criticó al Ejecutivo por ignorar el principio de los acuerdos tripartitos en temas laborales.

En este contexto, un crecimiento de la inversión pública de 4.5%, ¿acaso podría restablecer la confianza perdida por el sector privado? No parece posible.

El asunto es más grave. Un punto de crecimiento del PBI representa alrededor de 90,000 empleos. Los jóvenes que se incorporan anualmente a la economía sobrepasan los 300,000. Es evidente entonces que el país necesita crecer sobre más de 4% para mantener o reducir la pobreza que afecta a más del 25% de la población.

Pero eso no es todo. La inversión privada aporta más del 80% de los ingresos fiscales del Estado y provee más del 80% del empleo, a través de los mercados formales e informales. Es decir, el sector privado es el combustible, el motor y el impulso general de la economía.

Si el Ejecutivo se decide a reactivar, entonces debería entender que sin relanzamiento de la inversión no existirá verdadera reactivación. Y uno de los primeros actos para recuperar la confianza del sector privado debería ser la inmediata derogatoria de los decretos laborales del MTPE y la reintegración del sector privado al Consejo Nacional del Trabajo.