Régimen promocional agrario recibe apoyo de minifundistas

La trayectoria fiscal del Perú está en peligro porque la izquierda llegó al poder con Pedro Castillo y la sucesión constitucional de Dina Boluarte, sobre todo con la gestión de José Arista en el Ministerio de Economía y Finanzas, profundizó la crisis fiscal que comenzó con el gobierno de Perú Libre. El gasto corriente entre el 2023 y el 2024 se incrementó en 30% y los perpetuos rescates financieros de Petroperú desde el 2017 suman más de US$ 5,000 millones en garantías, préstamos y otros. De ese total de despilfarros en una empresa quebrada, US$ 3,500 millones corresponden al gobierno de Boluarte.

En este contexto ha surgido un justo y necesario debate sobre cómo enfrentar la crisis fiscal del país, que acumula dos años de incumplimientos, que enciende las alarmas de las calificadoras de riesgo internacional y que podría costarle al país los grados de inversión que se lograron con el esfuerzo de varias generaciones de peruanos. Sin embargo, hay dos maneras de debatir: una mirando la emergencia, algo que es necesario y fundamental; y otra mirando también la emergencia, pero pensando en el futuro del país, de la democracia y en la necesidad de detener una eventual propuesta antisistema.

Una de las cosas que llama la atención en la discusión es que el progresismo, uno de los responsables del desmadre fiscal con el crecimiento adiposo del Estado, hoy aparezca como abanderado de la responsabilidad fiscal. Sin embargo, ese mismo progresismo no te dice nada sobre algo fundamental: como reducir el gasto del Estado. Hoy el Perú tiene 19 ministerios, algunos de ellos creados para solventar las consultorías y sinecuras de la izquierda. Entre el gobierno central, los gobiernos subnacionales y las empresas se consume un tercio del PBI que suma más de US$ 260,000 millones. ¿Cómo reducimos esa amenaza estructural al equilibrio fiscal? Únicamente con la motosierra de Javier Milei.

Otros discuten el tema del déficit fiscal enfrentando con justicia la hemorragia populista del Ejecutivo y del Congreso y oponiéndose con razón a todo tipo de exoneraciones. Sin embargo, en esta discusión lo que no se pueda aceptar es que se equiparen las exoneraciones de las zonas francas, que han fracasado en el Perú y en toda América Latina, con el régimen promocional agrario, una de las columnas del modelo económico de las últimas tres décadas, y que el progresismo y las izquierdas desmontaron. Antes de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y las agroexportaciones se incrementaron de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones. Asimismo, el crecimiento del sector posibilitó incrementar la recaudación fiscal de S/ 97 millones a más de S/ 826 millones anuales. Sin la derogada ley el Estado habría recaudado S/ 2,200 millones, pero gracias al sistema promocional se recaudó S/ 9,100 millones. Es decir, se sumó más de S/ 7,000 millones más para el Estado.

Luego de la derogatoria de la ley agraria no se conoce de una sola nueva inversión en un nuevo fundo, más allá de la venta de algunas empresas y quiebras de las más pequeñas. Por otro lado, se pierden entre 80,000l y 100,000 empleos mensuales. 

Un economista liberal, comentando el repunte de la inversión privada gracias a la defensa del Estado de derecho frente al progresismo irresponsable de las vacancias, sostiene que no se necesita un régimen promocional en el agro porque el año pasado se invirtieron US$ 57 millones en el sector agrario. No se entiende el problema. Las empresas más grandes que sobreviven se están mecanizando, dejando de contratar mano de obra masiva (entre 15,000 a 20,000 trabajadores por temporada) por la derogatoria de la ley promocional. En otras palabras, están haciendo lo que busca el antisistema: pliegos sindicales, negociaciones por ramas, para desarrollar la lucha de clases y proponer la próxima estatización.

El régimen promocional aprobado en primera votación en el Congreso plantea 0% en renta y 1% en renta de acuerdo con las ventas de las pequeñas unidades. Y propone 15% general en renta. Es decir, sobre todo, es una ley para los más de dos millones de minifundistas que, a través de sus asociaciones, en las más diversas regiones del país, con el apoyo de las cámaras de comercio, han salido a respaldar el régimen aprobado en el Legislativo. Si ese respaldo se extendiera también a un sistema de contratos de trabajo con plena flexibilidad laboral en el agro, entonces estaríamos propinando un golpe letal al populismo y evitaríamos la confusión económica de algunos amigos de buena voluntad.