¿Por qué el colectivismo ataca a la industria láctea y el aparato productivo?

El proceso insurreccional contra la Constitución y el Estado de derecho –con el objeto de convocar a una asamblea constituyente– no solo se ha expresado en el ataque a los aeropuertos y de decenas de comisarías y el bloqueo de carreteras para desabastecer las ciudades, sino que –desde el inicio de la violencia– ha buscado destruir el aparato productivo. Es decir, pretende destruir las columnas del modelo económico que en las últimas décadas ha posibilitado triplicar el PBI y reducir la pobreza del 60% de la población a solo 20% antes de la pandemia (hoy este flagelo está en 25%).

¿Por qué los colectivismos radicales pretenden destruir el aparato productivo? Porque la creación de riqueza y la reducción de la pobreza son los peores enemigos de los proyectos populistas y totalitarios. 

El objetivo destruir el aparato productivo del país se ha expresado en el bloqueo del corredor minero del sur y el ataque y destrucción de algunas minas de la zona, en el bloqueo de la Panamericana Sur con el objeto de destruir la campaña de cosecha de la uva, producto de exportación emblemático de la región y soporte de más de 50,000 empleos. En este contexto, uno de los hechos más violentos fue el asalto y la destrucción de las plantas de las empresas Gloria y Laive en Arequipa, dos industrias paradigmáticas de nuestra competitiva industria láctea nacional.

La destrucción de las plantas de la industria láctea ha dejado en la quiebra a más de 6,700 ganaderos –la mayoría pequeñas unidades– porque no pueden seguir vendiendo su producción a la industria láctea. En otras palabras, allí donde antes existía prosperidad y creación de riqueza solo habrá pobreza, como consecuencia de la violencia comunista.

En el Perú existen alrededor de 500,000 ganaderos, de los cuales el 86% representan a pequeñas unidades con menos de 10 cabezas de ganado. Del total de producción de más de dos millones de toneladas de leche fresca, la industria láctea compra casi la mitad. La otra mitad restantes es adquirida por las pequeñas unidades de producción de lácteos de diversas regiones. El ataque a la industria láctea, pues, tendrá graves consecuencias para las pequeñas unidades ganaderas.

Sin embargo, es necesario que los peruanos entiendan que la estrategia de destrucción de la industria láctea no solo se expresó en el incendio de las plantas de Gloria y Laive en Arequipa, sino que durante el año y medio de Gobierno de Castillo se buscó arrinconar a esta industria. Por ejemplo, no obstante que la producción nacional de leche fresca solo abastece al 70% de la demanda mientras que el 30% se debe abastecer con leche en polvo importada, el Gobierno de Castillo promulgó el Decreto Supremo N. 004-2022 que prohíbe el uso de la leche en polvo importada en la elaboración de la leche evaporada.

Sin ningún argumento técnico ni productivo se buscó favorecer a una coalición de grandes ganaderos, restándole competitividad a la industria láctea nacional. El incremento artificial de los precios, tarde o temprano, iba a subir los precios de toda la cadena de lácteos del país. Y en ese escenario, los principales afectados serán los consumidores, sobre todo las madres y los niños pobres que suelen refugiarse en la leche evaporada y otros lácteos como recurso final de una alimentación de calidad.

Lo más triste de esta estrategia en contra de los consumidores es que la leche en polvo es leche deshidratada. Luego de agregarse agua recupera las grasas, vitaminas y proteínas contenidas en la leche fresca. Ni la Constitución ni los tratados de libre comercio permitían este tipo de legislación en contra del libre mercado. Sin embargo, sí lo hizo el Gobierno de Castillo, por la obsesión colectivista en contra de las empresas que reducen la pobreza.