Perú y Chile, los milagros económicos paralizados por el eje bolivariano

El milagro económico de los países emergentes, la sociedad que logró el ingreso per cápita más alto de América Latina y redujo la pobreza debajo del 8% de la población –es decir, Chile– hoy es una economía paralizada, con una impresionante fuga de capitales (más de US$ 20,000 millones). Casi todos los pronósticos de los organismos multilaterales señalan que el país del sur caerá en más de 1% del PBI. La tragedia chilena comenzó cuando la clase política chilena se rindió ante la violencia y aceptó convocar una constituyente. E increíblemente, “el momento constituyente” en Chile continúa con su destrucción, a pesar de que la mayoría rechazó el nuevo proyecto de constitución plurinacional y colectivista.

En el Perú, durante el año y medio de Gobierno de Pedro Castillo, la caída de la economía y de la institucionalidad se convirtieron en pendiente hacia abajo. Comenzó una fuga de capitales (alrededor de US$ 15,000 millones), caída general de la inversión privada y bloqueos violentistas de la producción. Sin embargo, luego del fallido golpe de Castillo, se desató la violencia insurreccional contra la Constitución y el Estado de derecho.

A pesar de que la violencia y el radicalismo han sido derrotados en todos sus objetivos políticos (adelantos electorales y constituyente) es innegable que la anarquía y el caos también buscan quebrar el sistema productivo nacional. Allí reside uno de sus principales objetivos. En este contexto, las proyecciones de un crecimiento cercano al 3% del PBI para el 2023 se modifican hacia la baja.

Sin embargo, lo innegable es que el Perú ya perdió más de S/ 2,150 millones debido a la violencia y los bloqueos de carreteras y mercados. Y lo que parece incuestionable es que las economías regionales de Puno, Cusco, Madre Dios y Apurímac ya están entrando en tendencia recesiva por el impacto de la violencia. La industria del turismo del sur y la producción minera del corredor minero están paralizados.

Como se aprecia con absoluta claridad en el sur, la violencia insurreccional ha apuntado claramente a la parálisis y la destrucción del turismo y de la minería. Y si a estos hechos le agregamos que el pasado bloqueo de la Panamericana Sur ha buscado la quiebra de los fundos agroexportadores –según la SIN se afectó a 300 empresas y se perdieron más de S/. 470 millones por ventas frustradas– es incuestionable que el plan de las vanguardias bolivarianas no solo busca quebrar el Estado de derecho, sino también derribar las principales columnas del modelo económico, que sustentan el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza, tal como ha sucedido en Chile y Colombia.

Por todas estas consideraciones, los sectores que defienden la Constitución y el Estado de derecho deben entender que proteger la producción y el crecimiento forma parte de la misma estrategia. Por ejemplo, es inaceptable desde cualquier ángulo de análisis que el corredor minero del sur –es decir, la zona donde se emplazan las minas que producen más del 50% del cobre nacional– siga bloqueado a vista y paciencia de las autoridades del Ejecutivo y las entidades del sistema de justicia del país.

Desde el 1 de febrero, por ejemplo, Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grande del planeta, que representa el 1% del PBI nacional, el 9% del PBI minero y el 75% de los ingresos de Apurímac, anunció que paralizaba todas sus operaciones por falta de ingreso de insumos a la operación minera.

Planteada las cosas así, la defensa de la Constitución y el Estado de derecho hoy debe contar con un plan absolutamente claro y explícito de protección de la industria del turismo, de la producción minera y de la producción agroexportadora. Así como se suele hablar del resguardo de los activos estratégicos (sistemas energéticos e hídricos), igualmente debemos establecer que las columnas de la producción también son activos estratégicos.