¡Ninguna reforma en Sedapal!

Ministro Carlos Bruce anuncia que empresa seguirá en manos del Estado

Días atrás, a través de su cuenta en las redes sociales, el nuevo ministro de Vivienda, Carlos Bruce, aseguró que “no se privatizará Sedapal”, la empresa de agua estatal más importante de la capital. La declaración de Bruce despeja cualquier duda con respecto a una profunda reforma en Sedapal, una empresa que demuestra el fracaso del Estado como empresario. Bruce sigue los pasos del ex presidente de Sedapal Rudecindo Vega, quien sostuvo —al asumir su gestión— que la empresa de agua estatal no sería privatizada.

Desde este portal hemos insistido en más de una ocasión en que, según todos los análisis y evidencias, el Estado ha fallado en mejorar la cobertura y la calidad del agua potable. Hoy un tercio de la población del país —diez millones de peruanos— y dos millones de limeños no tienen ningún tipo de acceso al agua potable. En contraste, alrededor del 98% de peruanos tienen electricidad y existen más de 20 millones de celulares móviles. ¿Por qué? Porque no existe un mercado del agua potable; es decir, no existe inversión privada. Si hubiera inversión privada en el agua potable, la enorme brecha de infraestructura —US$ 16,000 millones— podría ser cubierta.

Sin embargo, es urgente poner en el debate la posibilidad de que la inversión privada llegue a las puertas de Sedapal. Un debate en el que, todo indica, ha triunfado una sola narrativa, de la que políticos, funcionarios y autoridades estatales ahora son parte. La narrativa que ha triunfado es aquella que demoniza a la inversión privada. El establishment político no quiere asumir el tremendo compromiso de una reforma integral en el agua potable. De allí, por ejemplo, que en la delegación de facultades otorgada al Gobierno de PPK meses atrás por la mayoría parlamentaria —mayoría liderada por el fujimorismo— se pudo observar cómo ninguna representación política, incluyendo la fuerza naranja, quiso asumir este tremendo reto. En dichas facultades el recorte más significativo fue el de impedir que la inversión privada entre en la gestión del agua potable. Hoy el Estado —a través de las municipalidades—, con Sedapal y sus 52 empresas prestadoras de servicio (EPS), ha fracasado y no puede mejorar la cobertura y calidad del agua potable.

Solo para seguir contribuyendo al debate diremos lo siguiente. Las 52 EPS que existen a nivel nacional, incluida Sedapal, están declaradas en insolvencia financiera; y la mayoría incumple los estándares mínimos de calidad del agua, cobertura e infraestructura. Hoy ninguna EPS puede autosostenerse sin la ayuda del Ministerio de Vivienda, según un informe de la asociación Contribuyentes Por Respeto (CpR). El endeudamiento promedio de las EPS es de alrededor de 147%, en tanto que —para poner un ejemplo— en Estados Unidos es apenas de 49%. La mala gestión financiera se debe a que casi la mitad de conexiones en el Perú no registran de manera adecuada los consumos de agua potable (micromedición), a la gran cantidad de agua no facturada de las EPS y a la incapacidad de estas empresas para medir adecuadamente el agua distribuida.

Según un extenso y completo informe de la asociación CpR, las empresas privadas podrían gestionar con mayor eficiencia la gestión del agua potable y saneamiento. No obstante, una de las principales taras que impiden que políticos y autoridades locales apuesten a que empresas privadas inviertan en el sector agua y saneamiento es la idea de que el agua no cuesta.

Es cierto que todos los peruanos, según la Constitución, tenemos derecho al acceso del agua. Pero vale recalcar que agua y agua potable son temas distintos. El agua potable es un producto que está sujeto a un proceso (purificado, almacenado y transporte a los hogares). El documento de CpR indica que “no pagamos por el agua per se, sino por dos tipos de servicios: (i) la distribución de agua potable y (ii) el transporte y tratamiento de aguas servidas”. Es decir, tener acceso a una conexión de agua potable y desagüe las 24 horas del día es algo que evidentemente tiene un costo e implica una enorme inversión en infraestructura. Inversión que debe ser llevada a cabo por alguien.