¡Ni un sol más del fisco más para Petroperú! ¡Cuidado!

Unos días atrás, el nuevo directorio de Petroperú señaló que la empresa estatal de petróleo debía avanzar hacia una gestión sobre los estándares corporativos privados. Igualmente sostuvo que sería inmoral que el Estado continúe con los rescates de la mencionada empresa. Sin embargo, la presidente Dina Boluarte se encargó de precisar las cosas: Petroperú no iba a ser privatizada. ¿Qué significa el pronunciamiento del gobierno? ¿Acaso que se continuará con los rescates financieros de Petroperú que hasta el 2022 sumaban US$ 4,000 millones?

Si el gobierno de Dina Boluarte pretende ceñirse al mandato de la Constitución en cuanto al manejo de la economía y las cuentas fiscales, si ha decidido manejar con responsabilidad los gastos y egresos del Estado y, sobre todo, si tiene una propuesta para enfrentar el bajo crecimiento y el aumento de la pobreza (que ha llegado al 29% de la población) de ninguna manera debe aprobar un nuevo rescate financiero de Petroperú.

Según los estados financieros presentados por Petroperú a la Bolsa de Valores de Lima, la deuda de corto plazo de la petrolera estatal es del orden de los US$ 4,468 millones y la deuda de largo plazo suma US$ 4,064 millones. De todas estas deudas, las obligaciones con los proveedores representan US$ 1,987 millones. Y he aquí las cifras que estremecen: las deudas de capital de trabajo suman US$ 2,794 millones y las pérdidas netas US$ 183 millones. Desde cualquier punto de vista estamos ante una empresa inviable que debe avanzar hacia su privatización para evitar el desangre de los recursos fiscales en una economía con tendencia al bajo crecimiento y aumento de pobreza.

El desangramiento de los recursos fiscales se produce en el preciso momento en que el gobierno de Boluarte, por primera vez en tres décadas, ha producido un desmanejo del déficit fiscal que, incluso, es una de las explicaciones de los retrocesos del país en sus calificaciones crediticias y puede desembocar en una pérdida del grado de inversión del país, que costó sangre, sudor y lágrimas a generaciones de peruanos.

Vale recordar que el 2023 el déficit fiscal sumó 2.8% del PBI, no obstante que la proyección era de 2.4%. Para el 2024 el déficit previsto era del 2% del PBI; sin embargo, el Ejecutivo ha solicitado replantear las proyecciones al 2.5% a pesar del rebote de la economía y el incremento de la recaudación tributaria. ¿Por qué en vez de reducir gastos y ceñirse a la trayectoria fiscal el Ejecutivo replanteó las metas del déficit? Es una pregunta legítima para formularse luego de las recientes noticias sobre Petroperú, sobre todo considerando que una de las causas del desmanejo del déficit –al lado de la baja en la recaudación– son los sucesivos rescates de la petrolera estatal, que en el 2022 sumaban más de US$ 2,500 millones.

En este contexto, tal como lo han planteado diversos especialistas, el único camino responsable del Ejecutivo y del actual directorio de Petroperú, es avanzar hacia una reprogramación de las deudas con los proveedores en Indecopi. Mediante este mecanismo concursal –que tiene diversas alternativas– Petroperú reestructuraría su deuda a corto plazo en diálogo con los acreedores. Y como cualquier empresa de este mundo, asumiría sus responsabilidades, se ajustaría y decidiría su futuro en relación con sus pasivos y activos.

De esta manera se evita que la petrolera estatal siga desangrando recursos fiscales que servirían para construir centenares de escuelas y postas médicas en una sociedad con crecimiento bajo y que, peligrosamente, ha comenzado a aumentar la pobreza.

Petroperú es una confirmación más de las lacras del estatismo y de las llamadas “empresas estratégicas", según el planteamiento de los proyectos bolivarianos en la región.