Mineros ilegales y pistoleros vuelven a atacar en Pataz

En la madrugada del 12 de enero la alianza entre mineros ilegales y organizaciones criminales volvió a atacar las instalaciones de la minera Poderosa. Los delincuentes detonaron tres cargas de dinamita que destruyeron la torre de alta tensión N. 24, de una línea de transmisión recientemente inaugurada que abastece de energía la planta Santa María y otros sectores de la minera en Pataz. Con este atentado se trata, según informa minera Poderosa, de 15 torres de alta tensión derribadas, mientras ya se suman 18 trabajadores muertos a pesar de la renovación del Estado de emergencia y la presencia de un contingente de más de 200 policías y efectivos del Ejército.

Algo más sobre el reciente ataque en contra de Poderosa. Los delincuentes tomaron la operación de un minero ilegal –que no formaba parte de la facción agresora– en la quebrada Carhuabamba, secuestrando a 17 trabajadores de esa operación ilegal. El enfrentamiento entre ambos sectores produjo el derrumbe de la bocamina en la que están atrapadas las personas retenidas. La minera Poderosa se había retirado de esta zona ante el avance de la minería ilegal; sin embargo, las autoridades han renunciado a desarrollar cualquier actividad o iniciativa.

La minería ilegal comienza a convertirse en la peor amenaza que enfrentan la sociedad peruana, el Estado de derecho y el sistema de derechos de propiedad consagrados en la Constitución Política y las leyes nacionales. En la medida que el precio de la onza de oro continúe al alza (sobre los US$ 2,600) es incuestionable que la minería ilegal, incluso, desplazará al narcotráfico en la importancia de las economías ilegales en el país. Se calcula que la minería ilegal moviliza más de US$ 5,000 millones anuales y comienza a erosionar el sistema institucional de regiones y provincias enteras. Es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Pataz. 

En la mencionada provincia de nada sirve el Estado de emergencia ni la presencia de las fuerzas armadas ni de la policía nacional del Perú (PNP). Igualmente, de nada valen los esfuerzos del gobierno central ni el gobierno regional de La Libertad ni los esfuerzos del sistema de justicia. Los mineros ilegales y los pistoleros siguen atacando a minera Poderosa, una mina formal, que paga impuestos, preserva el medio ambiente, genera empleo formal e, incluso, establece relaciones constructivas con los pequeños mineros que se formalizan a través de contratos de producción.

Algunos creen que el problema de Pataz se puede encapsular y posponer la intervención del Estado de derecho y las fuerzas de seguridad. Tremendo error. Cada minuto que pasa sin que se restablezca el principio de autoridad y la vigencia de la Constitución y las leyes, los mineros ilegales y los pistoleros de las bandas criminales se sentirán empoderados a seguir avanzando hacia otras zonas, tal como empieza a suceder, por ejemplo, en el corredor vial del sur en donde se emplazan las minas formales que producen cerca del 40% del cobre nacional.

En Pataz el año pasado se calcula que se movilizaron 12,000 camiones que transportaban el mineral ilegal robado de las concesiones de las minas modernas de la zona. En el corredor vial del sur se contabiliza entre 100 y 150 camiones diarios que trasladan el mineral ilegal, una cantidad que, incluso, supera al número de camiones que moviliza Las Bambas en las épocas de mayor producción.

El Congreso amplió el plazo de vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) del sector de Energía y Minas, a pesar de que el sistema acumula 22 años de fracasos en la formalización y no obstante que este registro es usado por los mineros ilegales para sortear las responsabilidades penales. Y lo hizo sin establecer una línea demarcatoria entre la minería ilegal y la minería informal.

A pesar de todos estos problemas acumulados, en el Ministerio de Energía y Minas no se dice nada sobre cómo se relanzará el proceso de formalización, cuyo fracaso es la causa principal del avance de la minería ilegal.