¡Mineros ilegales están en Las Bambas! ¡Increíble!

El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) han confirmado que un sector de la comunidad de Huancuire ha invadido el campamento minero de Las Bambas para desarrollar minería ilegal. De esta manera, una de las diez minas de cobre más grande del mundo, en pleno ciclo de precios altos del metal rojo, es asaltada por unas decenas de personas ante la vista y paciencia del Gobierno y de las instituciones nacionales. Es decir, en el Gobierno de Pedro Castillo, las minas del Perú –el segundo productor mundial de cobre del planeta–, se han convertido en tierra de nadie, en un Far West en el que impera la ley del más fuerte.

Las Bambas, una megamina con proyecciones de una producción anual de 400,000 toneladas métricas de cobre (TMC) anuales, redujo sus planes de producción para este año por debajo de las 300,000 TMC. Sin embargo, en el primer semestre de este año, con un superciclo de precios altos del metal rojo, Las Bambas apenas produjo 100,000 TMC. 

¿Cuáles son los motivos de este desplome de la producción? Uno de ellos tiene que ver con los constantes bloqueos de las vías que impiden transportar los minerales al puerto; desde el inicio de la operación, estas vías acumulan más de 500 días de interrupciones. Pero el otro motivo es la imposibilidad de empezar a producir en el nuevo tajo Chalcobamba. Una producción que debe reemplazar el agotamiento natural del tajo Ferrobamba.

Durante más de dos años, Las Bambas ha tramitado los permisos para el tajo Chalcobamba ante el Estado y ha desarrollado las correspondientes consultas con las poblaciones; sin embargo, en la comunidad de Huancuire siempre hubo negativas a cualquier consulta. Hoy sabemos que el objetivo de estos sectores de la comunidad era desarrollar minería ilegal: se han encontrado socavones e implementos de minería en el mencionado tajo.

Las cosas entonces están claras: el Gobierno ha renunciado a restablecer la vigencia del derecho de propiedad en la minería consagrado en la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y los contratos firmados por el Estado. Y con su renuncia a la autoridad, favorece la toma de minas y el desarrollo de la minería ilegal. Hechos parecidos empiezan a suceder en otras minas de La Libertad y Apurímac.

Si una de las minas más grandes de cobre del planeta es abandonada de esta manera por el Ejecutivo, ¿qué posibilidades de nuevas inversiones mineras pueden concretarse en el país? La renuncia del Gobierno a restablecer la autoridad en Las Bambas tiene el mismo efecto anti inversión que los anuncios gubernamentales de la constituyente y la nacionalización de los recursos naturales.

Lo más grave de todo es que cuando el Estado se pone de espalda a Las Bambas y, en la práctica, empodera a los mineros ilegales que no pagan impuestos y destruyen el medio ambiente, los más afectados son los pobres de Apurímac y el Perú. Las Bambas representa el 1% del PBI, el 9% del PBI minero y alrededor del 75% de la economía de Apurímac. Antes del inicio de la operación minera, la pobreza en los 84 distritos apurimeños sobrepasaba el 60% de la población. Luego de la mina, este flagelo descendió debajo del 40%.

Algo más. Las Bambas es la columna de la descentralización de Apurímac. Se calcula que entre el 2016 y el 2022 Las Bambas transfirió S/ 1,858 millones por conceptos de canon y regalías. Una suma que representa todo el presupuesto de inversiones y tres veces el presupuesto de educación del Gobierno Regional de Apurímac. De ese total de transferencias alrededor de S/ 534 millones se transfirió al distrito de Challhuahuacho, área de influencia directa de la mina.

Como se aprecia es inadmisible, inaceptable, que el Gobierno y el Estado renuncien a restablecer el Estado de Derecho y favorezcan a los mineros ilegales.