Minería: matando a la gallina

Más impuestos a la minería es menos competitividad

Alfredo Zegarra,  el alcalde de la Provincia de Arequipa, en su discurso por el 475 aniversario de la fundación española de la Ciudad Blanca, anunció que pedirá a la empresa minera Cerro Verde un “aporte voluntario”  de S/. 500 millones para la “ejecución de obras”. En ese mismo sentido la gobernadora regional, Yamila Osorio,  se había pronunciado exigiendo que “todas las empresas mineras se comprometan”  a financiar un banco de proyectos para la región.

Los mismos vientos soplan en el norte del Perú. Desde la provincia de Celendín, en Cajamarca, alcalde José Luis Urquía, y un grupo de alcaldes preparan una movilización pidiendo el incremento del canon minero no obstante que se oponen  a la minería. La razón de esta repentina convergencia de autoridades locales es la abrupta caída del del canon minero. Según cifras oficiales del ministerio de Economía (MEF), para este año el monto asignado es de  S/1,709 millones en tanto que el año pasado fue S/.2.979 millones. La reducción presupuestaria es de, nada menos, S/1.270 millones.  

La propuesta de las autoridades subnacionales equivale a imponer un nuevo impuesto a las empresas mineras en momentos que descienden los precios de los minerales, se agravan los conflictos sociales y crecen las trabas burocráticas. En otras palabras, se está proponiendo reducir la competitividad del país en el sector. Es como matar a la gallina de los huevos de oro.  Vale recordar que el Perú está en el límite superior en cuanto a competitividad si se le compara con competidores directos como Chile, Canadá o Australia.

Según un estudio de la empresa Apoyo Consultoría, la carga de impuestos  a una empresa cuprífera bajo el actual esquema de tributación es de 43% de la utilidad operativa. Es decir, si tomamos en consideración el impuesto a la renta, la participación de los trabajadores, y el nuevo gravamen especial, la tributación minera en el Perú es superior a Canadá, donde oscila en 40%; Chile 36% y Australia 33%. Asimismo, un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE)  señala que, entre la década de 1999-2009, antes del cambio del sistema de tributación por el gobierno nacionalista, la carga tributaria de la minería era 1.7 veces mayor al conjunto de los otros sectores productivos.

La propuesta de los alcaldes mencionados no considera que el precio de la libra del cobre ha retrocedido en el mercado internacional originando menos producción y menos márgenes de ganancia. A ello habría que sumar que el radicalismo antiminero, los conflictos sociales, los engorrosos trámites ministeriales, la corrupción e ineficiencia de los gobiernos regionales y locales han paralizado proyectos por un monto superior a US$ 21.000 millones, según el IPE. Sin embargo, a pesar de todos los vientos en contra, el Perú todavía tiene ventajas comparativas y opciones para competir en el mundo. Por ejemplo, el costo de la tarifa eléctrica para la producción industrial  en el Perú es más bajo que el promedio de Latinoamérica, incluido Chile y Colombia, y el costo de extracción del mineral es menor que en Canadá o el vecino país sureño.

Lo que debe llamar a la reflexión es  la inviabilidad de la propuesta de las autoridades regionales y locales mencionadas, que deberían ser las más interesadas en promover las inversiones mineras que han posibilitado ingentes recursos para obras e infraestructura de los gobiernos sub nacionales. A veces por una mala apreciación o desesperación terminamos matando la gallina de los huevos de oro.